La alerta de los colegios y apoderados en el debate por la libertad de enseñanza
Organizaciones de escuelas y de padres miran con atención las definiciones de la Convención Constitucional, especialmente tras el intenso debate por el reglamento y los temas de sus comisiones.
Por Sebastián Dote
Los convencionales afirmaron que el tema será incluido en la Constitución en el derecho a la educación. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Durante esta semana, y tras meses de arduo trabajo, la Convención Constitucional logró aprobar su reglamento general, en una votación que, en cierta forma, adelantó algunos debates para la discusión de fondo de la nueva Carta Fundamental como la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
Aunque el tema aún no es directamente discutido, la decisión del pleno de no incluir el concepto en el temario principal de la nueva Comisión de Derechos Fundamentales desató los reclamos desde Vamos por Chile y del propio presidente Sebastián Piñera, quien ha intervenido dos veces entregando su postura frente a la situación.
“La libertad de enseñanza y el derecho y deber preferente de los padres a educar y formar a sus hijos son valores esenciales de la libertad y viven en el alma de las familias chilenas. La Convención Constitucional debiera fortalecer y no debilitar estas libertades y valores”, expresó.
Algunos convencionales han desestimado los cuestionamientos, explicando que estas garantías fundamentales ya estarían incluidas en el derecho a la educación. Daniel Stingo, representante del Frente Amplio, expresó que “el derecho a la educación involucra el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos y es algo que yo comparto, pero el punto es cual es la preminencia de una cosa sobre otra. Y acá han puesto algo contradictorio a algo que no lo es“.
De todos modos, al interior del órgano constituyente existen diversas visiones sobre el tema, ya que algunos representantes de los grupos de izquierda apuntan al derecho de los niños a la educación, en un rol que debería ser tomado con énfasis estatal por sobre lo particular o subvencionado.
La discusión es mirada con detalle por organizaciones de colegios y apoderados, que creen que la defensa de la libertad de enseñanza y el derecho de elección de los padres es fundamental pensando en la Carta Magna que regirá en las próximas décadas.
La preocupación de los particulares subvencionados
Luis Cañas, presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS), observó con preocupación lo ocurrido con la votación del reglamento de la Convención, ya que si bien no se trató de una resolución de fondo y definitiva, entregó señales del tono que tendrá el debate por la libertad de enseñanza.
“Nos parece una señal de que subsiste la desinformación sobre los importantes logros alcanzados por nuestros proyectos educativos, considerando que actualmente la educación particular subvencionada atiende en Chile al 60% de los alumnos que asisten a establecimientos con aportes del Estado, abarcando a 1,9 millones de estudiantes, de los cuales un 55% pertenece al sector más vulnerable del país, y que a su vez estos planteles particulares, mayoritariamente gratuitos, en un 90%, cubren al 91% de alumnos con necesidades educativas especiales”, expresó el directivo a EL DÍNAMO.
Cañas insistió con que existe un desconocimiento sobre el aporte de las escuelas particulares subvencionadas, por lo que espera acercarse a la Convención para que sus integrantes reciban información.
Por la supuesta tensión entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, el dirigente expresó que “carecería de toda lógica, por ejemplo, priorizar uno por sobre el otro concepto, ya que implicaría sacrificar uno de ellos y, por consiguiente, reconocer que no se le otorga la debida protección. El derecho a la educación fundamenta en sí mismo a la libertad de enseñanza, y por lo tanto uno es requisito sine qua non del otro”.
“Para que el ejercicio del derecho a la educación esté plenamente garantizado, debe consagrarse también la libertad de poder crear, mantener y desarrollar proyectos educativos diversos que no estén bajo el amparo del burócrata de turno. El problema podría radicar en que se le atribuya a cada uno fines incompatibles entre sí, ya que el derecho a la educación tiene un poder igualador de la sociedad y la libertad de enseñanza se vincula con el libre ejercicio de elegir, como actualmente lo hacen las familias chilenas y, por lo tanto, lo convierte en un elemento diferenciador de la sociedad”, complementó.
La mirada de los padres y apoderados
Teresita Romero, integrante de Escuelas Abiertas, movimiento que trabajó durante más de un año por el retorno de los estudiantes a las clases presenciales en medio de la pandemia de COVID-19, también entregó su mirada sobre el debate de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir los proyectos educativos.
“La educación es un derecho de los niños y los padres tienen que ser los garantes de ese derecho. Asimismo, los padres son los que mejor conocen a sus hijos, por lo tanto son los primeros en definir qué forma de educación necesitan, qué tipo de establecimiento requieren o qué tipo de proyecto educativo prefieren. Dado lo anterior, los padres siempre debieran tener la opción de elegir”, expresó a EL DÍNAMO.
Romero agrego que junto con el movimiento “hemos luchado por empoderar a los padres frente al Estado en dos materias que nos parecen fundamentales: el derecho a la educación de sus hijos; y a elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos”.
“Así como por ejemplo, sostenedores no han cumplido en brindar clases presenciales, los padres han podido exigir que se cumpla ese derecho. Cuando el proyecto de educacional queda amarrado al Estado, los padres pierden su empoderamiento, sin poder tener la libertad de decidir y exigir que se cumpla uno de los derechos más trascendentales de nuestra sociedad”, explicó.
