“Discriminación” y “falta de probidad”: Ñuñoa destituye a director de Liceo Augusto D’Halmar
Un sumario administrativo determinó que el ahora ex director cometió actos de discriminación al negar la matrícula a alumnos repitentes.
Por Cristián Meza
La defensa de Andrade recalcó que no se le negó la matrícula a ningún estudiante, por lo que el sumario en su contra es "inconstitucional". AGENCIA UNO/ARCHIVO
La municipalidad de Ñuñoa ordenó la destitución de Jaime Andrade, director del Liceo Augusto d’Halmar por los últimos 28 años, luego de conocer los resultados del sumario administrativo.
Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa, confirmó su despido, luego que la fiscal designada del sumario, la directora de la Escuela República de Costa Rica, Carmen Krause, recomendara su destitución, al igual de su esposa, Justa Zubia, jefa de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP) del establecimiento educacional.
Este sumario, consignó La Tercera, se inició luego que se recibieran cerca de 10 denuncias contra Jaime Andrade por “presuntas vulneraciones de derechos de los estudiantes, relacionadas, en principio, con transgresión al derecho da la educación, respecto a negativas en la continuidad de estudiantes repitentes en el establecimiento educacional”.
Tras las entrevistas, testimonios y antecedentes recabadas por la fiscal, se concretó la formulación de cargo contra Jaime Andrade, Justa Zubia y el inspector general Luis Poblete, este último finalmente fue sobreseído.
Entre las infracciones cometidas por el director del Liceo Augusto D’Halmar está “falta a la probidad e incumplimiento grave de funciones, vulneración de derechos de los estudiantes en cuanto a la determinación de promoción y/o repitencia, discriminación en el proceso de matrícula, errada aplicación de decretos del Mineduc, discriminar a estudiantes con necesidades educativas especiales, e incumplir la medida preventiva de suspensión decretada por la fiscal”.
Por su parte, la defensa de Andrade recalcó que no se le negó la matrícula a ningún estudiante, por lo que el sumario en su contra es “inconstitucional” con imputaciones “gratuitas y testimonios sin pruebas”.
