El Tribunal Constitucional (TC) de Perú rechazó una ley que fue aprobada por el Congreso local, el que permitía el retiro de fondos de los pensionados desde la Oficina de Normalización Previsional (ONP), una entidad pública que se encarga de administrar los montos para los jubilados.
El proyecto, según lo consignado por la Agencia Andina, enfrentó al gobierno con los congresistas, ya que fue el propio Ejecutivo el que presentó el recurso para que se declarara inconstitucional.
Dentro de sus medidas, el retiro de fondos negado por el TC de Perú implicaba entregar hasta 4.400 soles (unos US$883), lo que suponía un desembolso en total de unos 16.000 millones de soles (unos US$4.390 millones) desde el fisco.
También contemplaba la devolución total de todas las cotizaciones para aquellos afiliados mayores de 65 años que todavía no cumpliesen el requisito de los 20 años de aportes para acceder a su pensión.
La iniciativa generó polémica en el país vecino, ya que se buscaba sacar recursos desde una entidad pública, que a diferencia de las cuentas individuales, utiliza las cotizaciones de los trabajadores para pagar cada mes las pensiones de los jubilados.
Durante la crisis por la pandemia del coronavirus el Congreso aprobó dos retiros de fondos desde las cuentas individuales de los trabajadores.
