A través del Tribunal de Apelaciones de Managua, el régimen del presidente Daniel Ortega le quitó la nacionalidad nicaragüense a 94 opositores, entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Además, entre quienes recibieron la sanción se cuentan el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, así como el excomandante de la revolución sandinista, Luis Carrión.
Todos los mencionados y los 90 restantes fueron acusados por diversos delitos que son tipificados como de traición a la patria y condenados por el tribunal.
Junto a las cuatro personalidades ya referidas, también fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense el excanciller Norman Caldera, la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, el exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, el ex magistrado sandinista Rafael Solís, y el periodista Carlos Fernando Chamorro.
Apátridas
Cabe recordar que esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudió la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense a 222 de los presos políticos que puso en libertad el régimen de Daniel Ortega.
Tras la excarcelación de estas personas, la CIDH reconoció en un comunicado que aquello “pone fin a años de encierro arbitrario, bajo condiciones deplorables de detención, por ser consideradas opositoras al Gobierno, ejercer legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, así como la defensa de los Derechos Humanos”.
En el texto la comisión recordó que “la Convención Americana consagra el derecho a la nacionalidad y establece expresamente una garantía contra su privación arbitraria; y los Principios Interamericanos sobre los derechos de las personas migrantes establecen que toda persona tiene un derecho inderogable a tener una nacionalidad y no ser apátrida, a conservar su nacionalidad, no pudiendo denegarse, perder o ser privada arbitrariamente de ella”.
