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Concejales de Santiago adelantan requerimiento contra Hassler por “abandono de deberes” y exalcaldesa se querella contra Desbordes

Seis concejales de signo oficialista acudirán al Tribunal Regional Electoral. La ahora diputada, a su vez, se querelló contra su sucesor por “denuncia calumniosa”.

A más de dos años de que saliera a la luz pública, el caso Sierra Bella que mantiene en una pugna a la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC) y a su sucesor Mario Desbordes (exRN) está lejos de terminar. Este lunes se celebró una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Santiago para exponer un informe desfavorable de la Contraloría hacia Hassler y con posterioridad, se conoció que la ahora diputada se querelló contra Desbordes por “denuncia calumniosa”.

En la sesión se expuso que la Contraloría detectó “irregularidades sustanciales” en la compra de la Clínica Sierra Bella. El primero tiene relación con el “sobreprecio excesivo e injustificado” del inmueble, debido a que se pretendía comprarlo por cerca de ocho mil millones de pesos cuando seis meses antes la Inmobiliaria San Valentín lo había adquirido por alrededor de dos mil millones.

Asimismo se acusa una elusión del control de legalidad del decreto alcaldicio, una anticipación irregular de flujos, delegación ilegal y desobediencia a la orden de abstención notificada por la Contraloría. Por ende, se dio por establecida la responsabilidad administrativa de Hassler y se propusieron sanciones administrativas a algunos funcionarios. Estos antecedentes, de hecho, fueron remitidos por Desbordes en una querella interpuesta por fraude al fisco en contra de Hassler que fue declarada admisible la semana pasada.

Concejales recurrirán al TER

Tras la exposición de estos antecedentes, la concejala Camila Davagnino (PC) fue crítica. “Lamentablemente, estamos de nuevo en esta situación donde nos siguen informando algo que ya sabemos, el informe de Contraloría, la verdad, no aporta ningún antecedente nuevo a una causa que, además, está sobreseída. Entonces, creo que más tiene que ver con un tema político, de poder hacer un punto en cuanto a un caso que, además, ya está cerrado y ya se comprobó que no es delito”, dijo.

Desbordes contradijo este planteamiento argumentando que “los hechos por los cuales la Fiscalía determinó no perseverar, no seguir investigando, son distintos de estos (…) Ahora bien, si concejales del período anterior consideran que todos estos antecedentes ya eran conocidos por el consejo, entonces tenemos un problema grave porque se debió actuar de otra manera”.

El concejal Luis Mackenna (UDI), en tanto insistió en la responsabilidad de la exalcaldesa y anunció: “Yo voy a preocuparme de coordinar con los concejales, que estarán de acuerdo, en que avancemos con un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER) para ver un eventual notable abandono de deberes, porque uno son antecedentes nuevos y adicionales que la Contraloría nos aporta y que deben ser evaluados en la justicia como corresponde”. Seis de los diez concejales de signo oficialista adhirieron a este futuro requerimiento.

Hassler se querella

Respaldada por el abogado Miguel Schürmann —quien fungió como defensor del expresidente Gabriel Boric— la exalcaldesa anunció que iniciará acciones legales contra su sucesor por denuncia calumniosa.

Es lamentable que el alcalde Desbordes busque reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia chilena. La causa Sierra Bella fue objeto de una amplia investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, dado que los hechos no constituyeron delito alguno. Sin embargo, el alcalde busca manipular la justicia para hacer un punto político sobre hechos que ya fueron investigados y respecto de los cuales existe una resolución firme”, sostuvo la diputada.

Para la legisladora, Desbordes ha incurrido en una “estrategia política y comunicacional inaceptable”, además de una “persecución política sistemática” en su contra. Schürmann, a su vez, desestimó que el informe de Contraloría haya obligado a Desbordes a querellarse. “Al contrario, la Contraloría sabía que estos hechos ya fueron investigados penalmente, por eso defiende su facultad para juzgar la responsabilidad administrativa, sabiendo que sobre lo penal hay cosa juzgada”, dijo el jurista.

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