Este domingo 1 de junio, México celebró unas elecciones únicas en el mundo al elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de magistrados regionales y de jueces de distrito. Cien millones de electores estaban llamados a votar, sin embargo, solo el 13% fue a las urnas, lo que para el Instituto Nacional Electoral de México (INE) fue una participación baja, pero dentro del rango esperado.
Más allá de las cifras, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la participación en su conferencia matutina esta jornada: “Trece millones de personas. Inédito, impresionante, maravilloso, democrático. Y apostaban a que no iba a salir nadie a votar“.
Si bien expertos esperaban una baja participación, los datos reflejan problemas de organización y convocatoria. El ex presidente del Instituto Federal Electoral (hoy el INE), Luis Carlos Ugalde, criticó las elecciones judiciales en conversación con CNN: “Lo que viví en esa mampara donde me metí a votar nueve boletas electorales —51 cargos, 300 candidatos— fue un torbellino de confusión. Es absurdamente imposible emitir un voto informado en esas condiciones“.
La cantidad de cargos a elegir, los cientos de candidatos y las posiciones mismas a las que aspiraban eran elementos desafiantes para una población de México que nunca había vivido unas elecciones de jueces antes. “Esto es tirar el esfuerzo ciudadano a la basura“, concluyó Ugalde.
En estos comicios estuvieron en disputa un total de 881 cargos a nivel nacional, entre ellos nueve ministros de la SCJN, dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 magistrados de sus salas regionales. También se renovaron cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito.
Los riesgos que nacen con la elección de jueces en México
Previo a las elecciones, una de las mayores preocupaciones que emergía era la amenaza a la independencia judicial, junto con la dificultad de que cargos a elección popular pudieran resolver el problema de la corrupción. Incluso, se temía que pudiera permitir el ingreso al crimen organizado en ese tipo de puestos.
“El mayor riesgo que tenemos es que sometemos a un poder intérprete de las leyes en todos los niveles —sobre todo en la Suprema Corte de Justicia— a responder a intereses; pueden ser de un partido político o pueden ser intereses privados, pudieran ser incluso algunos miembros del crimen organizado, dijo el analista, Yussuf Núñez, en conversación con el medio antes mencionado.
La experiencia y la capacidad para adoptar funciones judiciales de los elegidos son otros de los miedos expuestos.
