Argentina se encuentra en medio de uno de los casos de corrupción más controversiales en su historia reciente. Se trata del Caso Vialidad, la causa penal que terminó con Cristina Fernández, ex presidenta trasandina, condenada a seis años de prisión y una inhabilitación de por vida en cargos públicos, penas que fueron confirmadas por la Corte Suprema.
El Caso Vialidad fue una investigación por una maniobra de corrupción centrada en la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz, una provincia al sur de Argentina. Los ilícitos ocurrieron durante las presidencias de Néstor Kirchner, fallecido esposo de Fernández, y la misma ex mandataria. Se trató de una “maniobra fraudulenta que agigantó y benefició delictivamente a Lázaro Báez y, en última instancia, los enriqueció a ellos [los Kirchner]”, según la condena original que emitió el primer tribunal.
Lázaro Báez (74 años) es un empresario trasandino que fundó la constructora Austral Construcciones, donde obtuvo numerosos contratos gubernamentales gracias a su larga amistad con Kirchner. En 2021 fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero, mientras que a finales de 2022 fue condenado a otros seis años por su asociación comercial ilícita con Fernández.
La ex presidenta fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Asimismo el tribunal estimó que pudo comprobar “la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al grupo empresarial” dirigido por Báez.
Las pruebas y una fallida apelación
Entre las pruebas presentadas por los fiscales se encontraba el dictado del Decreto 54/2009, que fue considerado como “un instrumento para la maniobra criminal” por los fiscales al proveer una fuente ilimitada de financiamiento a la Dirección Nacional de Vialidad. Mensajes de WhatsApp para la coordinación del “plan limpiar todo“, así como obras sin finalizar con sobreprecios fueron otras evidencias exhibidas.
Cristina Fernández buscó negar dichas pericias, apuntando a diversas irregularidades, como la “parcialidad de los jueces y fiscales”, además de cuestionar la falta de pericias sobre 51 obras y la incorporación del Decreto 54/2009 en la sentencia.
Finalmente, la Corte Suprema decidió desestimar el recurso de hecho de la defensa de Fernández, dejando firme la sentencia antes mencionada. Su principal fundamento fue que la apelante no realizó una “crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basó la sentencia que se impugna“.
