El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a su ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunciaron una reforma a la Policía Federal Argentina (PFA), la cual habilita por decreto a dicha institución para realizar requisas y detenciones sin orden judicial, como también tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales. Dichas atribuciones van en línea para acercarse al funcionamiento del FBI.
“Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal“, indicó Milei acompañado por Bullrich. Asimismo, el nuevo estatuto de la PFA indica que su misión principal es el de “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como la de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales“.
El mandatario anunció también la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI): “Vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”.
De tal manera, el decreto permite que el cuerpo policial realice requisas sin orden judicial “ante la concurrencia de los siguientes supuestos: que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionas con un delito; que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar; que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.
Otras excepciones judiciales en detenciones
El decreto contempla también excepciones a la exigencia de una orden judicial para proceder con detenciones, en aquellos casos donde “existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”.
Además, otorga facultades a la Policía para realizar tareas de prevención del delito en entornos digitales sin necesidad de autorización judicial. Estas acciones podrán llevarse a cabo “en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios webs públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y los principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente”.
El decreto, que permite mayores libertades en requisas y detenciones, se publicó en el Boletín Oficial en medio de las tensiones sociales y políticas por la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema argentina a la ex presidenta Cristina Fernández, lo que ha desatado llamados desde el peronismo a realizar movilizaciones en Argentina.
