
En medio de un conteiner en Yibuti, África, permanece confinado un grupo de migrantes deportados de distintos países desde Estados Unidos. Se trata de ocho extranjeros de Cuba, Vietnam, Myanmar, Laos y México que iban en un vuelo expulsados de Norteamérica hacia Sudán del Sur, un país del que ninguno era oriundo, hasta que fueron frenados por una orden judicial. Dicha resolución fue revocada en la Corte Suprema tras una solicitud de emergencia de Donald Trump.
El mandatario estadounidense ahora tiene vía libre para reanudar dichas deportaciones de migrantes a países distintos al suyo, sin ofrecerles la oportunidad de exponer los daños que podrían enfrentar ni ayuda humanitaria y con un aviso mínimo. Se trata de un nuevo paso exitoso a su favor para su agresiva política de expulsión masiva.
El grupo de extranjeros que se encuentra en Yibuti, enfrentó durante casi 20 días las constantes amenazas de malaria y ataques con cohetes desde el país vecino de Yemen. Las temperaturas en el pequeño país africano superan los 38°C durante el día, mientras que por la noche se llena de un humo rancio procedente de quemas cercanas de basura y excrementos humanos realizados por los residentes.
Como si fuera poco, el destino original que tenían los deportados era Sudán del Sur, un estado que se encuentra sumido en una guerra civil y un contexto político inestable. Con la decisión de la Corte, que no ofreció una explicación para su decisión, el viaje podrá retornar a su curso inicial.
“Estas personas están varadas e incomunicadas en Yibuti, un país que no conocen, y en camino a otro, Sudán del Sur, donde ninguno ha estado jamás”, indicaron la National Immigration Litigation Alliance y otros grupos de protección de derechos humanos de migrantes a la Corte. Las agrupaciones también han argumentado que, en algunos casos, el aviso ha sido de menos de 24 horas.
Trump ha presentado más de una docena de apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema, la mayoría con fallos favorables. Entre ellas, destacan casos vinculados a políticas migratorias, como el respaldo del tribunal a la eliminación del estatus de protección temporal para venezolanos y la cancelación del parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.