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Así es la mayor reforma electoral que se busca concretar en Reino Unido y que afectaría a jóvenes de 16 años

Sería la mayor reforma al sistema democrático desde 1969 y marcaría un precedente para las naciones aliadas.

El gobierno de Reino Unido anunció su intención de llevar a cabo la mayor reforma electoral en medio siglo: rebajar de 18 a 16 años la edad de voto. Se trata del mayor cambio al sistema democrático desde 1969, cuando en aquella oportunidad se tomó la decisión de bajar de los 21 a los 18 años.

Hoy cumplimos nuestra promesa de otorgar el derecho a voto a los jóvenes de 16 y 17 años“, escribió en su cuenta de X la número dos del Ejecutivo laborista británico, Angela Rayner. “Los jóvenes ya contribuyen a la sociedad trabajando, pagando impuestos y sirviendo en el Ejército. Es justo que puedan expresar su opinión sobre los temas que les afectan”.

Los cambios propuestos, sujetos a la aprobación parlamentaria, equipararán el derecho al voto en todo el Reino Unido con el de Escocia y Gales, según el gobierno. En los países mencionados, los votantes más jóvenes ya participan en elecciones descentralizadas.

La medida presentada por la administración de Keir Starmer considera además automatizar el registro en el censo y ampliar el tipo de identificación personal permitida a los votantes como permisos de conducir y tarjetas de veterano, que además van a incluir las tarjetas bancarias emitidas en territorio británico.

Según la biblioteca de la Cámara de los Comunes —la cámara baja del Parlamento del Reino Unido—, las investigaciones realizadas en países que redujeron la edad de voto a los 16 años muestran que esta medida no ha tenido ningún impacto contraproducente en los resultados electorales. De la misma manera, concluyeron que los jóvenes de 16 años tienen más probabilidades de votar que quienes adquirieron su derecho al voto por primera vez a los 18.

Para evitar la interferencia extranjera, el gobierno británico anunció que también está entre sus planes endurecer las normas sobre donaciones políticas, como controles de contribuciones superiores a 500 libras (unos 650 mil pesos chilenos) de asociaciones no constituidas y el cierre de las lagunas legales, práctica utilizada por empresas fantasmas.

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