Las protestas que han llevado a cabo los habitantes de España en contra del turismo de masas, sobre todo en Barcelona, fueron escuchadas por las autoridades españolas: Airbnb tuvo que retirar cerca de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos sin licencia en todo el territorio español.
La medida tuvo que ser adoptada luego de los varios requerimientos solicitados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que buscan eliminar en el mercado del alquiler vacacional a los inmuebles que no cumplen con la normativa vigente. La cartera liderada por Pablo Bustinduy identificó además otros 54.728 anuncios que no disponen del número de registro oficial, requisito obligatorio para su publicación en plataformas desde el pasado 1 de julio.
A pesar de que Airbnb recurrió a tribunales para disputar la decisión, la Justicia respaldó las actuaciones de Consumo, validando así la obligación de las plataformas de ajustarse a la legislación vigente. Una acción que va en búsqueda de mitigar los efectos del turismo de masas en la convivencia con los residentes en las ciudades altamente visitadas.
Otro de los principales objetivos, según dio a conocer el departamento, es que los habitantes de España puedan tener el derecho a una vivienda digna y asequible “por encima de beneficios de las grandes multinacionales” como Airbnb, así como además de garantizar que se cumpla con la legalidad vigente.
El Ministerio señaló también que la actuación no será aislada. La Unidad de Análisis de Consumo mantendrá trabajos activos para seguir identificando y denunciando anuncios ilegales en otras plataformas digitales de alquiler turísticos, en un esfuerzo por proteger el mercado legal y mantener el equilibrio tanto de los intereses económicos como los derechos sociales.
En España, el turismo representa el 12% del producto interno bruto, demostrando que la medida tendrá un impacto importante en la economía del país ibérico.
