Kilmar Ábrego García se entregó este lunes a las autoridades de inmigración estadounidenses y enfrentaría los esfuerzos de la administración de Donald Trump para deportarlo a Uganda, un país africano con abusos documentados a los derechos humanos y con un idioma que él no domina. Se trata de uno de los casos insigne de las represivas medidas del Gobierno estadounidense en la materia.
El trabajador de la construcción se convirtió en el rostro de la dura campaña de Trump contra la inmigración cuando fue deportado erróneamente en marzo al CECOT, la conocida megaprisión en El Salvador, su país de origen.
En su regreso a Estados Unidos en junio, fue acusado de cargos de tráfico de personas, los cuales son descritos por sus abogados como escandalosos y vengativos.
Ábrego había recuperado su libertad hace solo tres días, el pasado viernes, luego de cinco meses de detención. En esta oportunidad, su detención se dio cuando acudió a una audiencia ante agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Baltimore.
Su historia comenzó en 2011 cuando ingresó de manera ilegal a Estados Unidos siendo un adolescente y huyendo de la violencia de pandillas. Posteriormente, se le otorgó una orden federal de protección y evitar ser deportado a El Salvador. Esto no impidió que la medida fuera tomada en su contra, la que fue atribuida por un “error administrativo” según funcionarios federales.
Autoridades han acusado a Kilmar Ábrego repetidamente de estar afiliado a la pandilla MS-13, agrupación internacional de criminales, algo que tanto él como su familia han negado rotundamente.
El inmigrante tiene una esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años. De tal manera, presentó una demanda en un tribunal federal, solicitando una orden para que no sea deportado a ningún lugar, a menos que haya tenido la oportunidad de impugnar su envío, según anunció su defensa.
Por su parte, funcionarios estadounidenses le han ofrecido deportarlo a Costa Rica si se declara culpable de tráfico de personas. Ante la posibilidad de ser enviado a Uganda, Ábrego estaría dispuesto a aceptar el estatus de refugiado en el país centroamericano.
Documentos presentados en un tribunal federal revelan que el gobierno de Costa Rica aseguraban que Ábrego sería bienvenido como inmigrante legal y no enfrentaría detención en su país.
