Tanto el Gobierno como la Contraloría General de la República (CGR) respondieron este jueves a las críticas que realizó la familia de Hugo Morales, el gasfíter que murió al interior del Palacio de La Moneda, por la demora en aclarar las circunstancias en que falleció el trabajador.
Mientras que desde el Ejecutivo se enfatizó que existe “un sumario en curso”, el órgano fiscalizador admitió que rechazó dos documentos sobre el tema que le fueron enviados, “ya que el procedimiento incurrió en graves deficiencias que inciden en su calidad e impiden cursarlo“.
Mauricio Morales recordó que su progenitor falleció en septiembre de 2024 y cuestionó que “el 21 de enero se cumplirán 490 días sin respuesta por la familia”.
En una carta que envió a El Mercurio, el hijo del gásfiter recordó que ha pasado “más de un año y cuatro meses desde que se anunció un sumario administrativo que hasta hoy no ha entregado conclusiones ni explicaciones públicas“.
“Tratándose de un caso ocurrido en la sede del Poder Ejecutivo, el silencio institucional resulta difícil de comprender y aún más de justificar”, añadió Morales.
En la carta, el hijo del gásfiter argumentó que “la prolongación de los plazos, la falta de información y la ausencia de diálogo no solo profundizan en el dolor de las familias, sino que también ponen en entredicho el compromiso del Estado con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por la vida de los trabajadores“.
Los argumentos de la Contraloría para rechazar el procedimiento
Respecto de su decisión de rechazar los dos resultados del sumario que le fueron enviados, la última vez el 19 de enero de este año, el ente fiscalizador explicó que “en ambos se da cuenta expresa de las infracciones“, y detalló que “actualmente, el sumario se encuentra en poder de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, a la que compete darle curso regular al mismo”.
De acuerdo con lo manifestado por la CGR a La Segunda, en noviembre del 2024 la Dirección Administrativa de la Presidencia sostenía la idea de no realizar correcciones, “en tanto se acogían a un informe de la Mutual de Seguridad que calificaba el fallecimiento como un accidente de causa u origen común con ocasión de trabajo”.
Tras su rechazo a la primera indagatoria por parte de la División Administrativa en abril de 2025, la Contraloría apuntó que “no consta que se hayan investigado las presuntas responsabilidades que pudiesen asistirles a la Jefatura del Departamento de Gestión de las Personas y al encargado de la Sección de Prevención de Riesgos de dicho departamento, atendiendo que la falta de supervigilancia de los turnos y labores extraordinarias excesivas serían situaciones que se reiterarían de manera constante y configurarían un riesgo laboral“.
La respuesta de Elizalde a la denuncia del hijo del gásfiter
Por su parte, y consultado respecto de lo manifestado por Mauricio Morales, el ministro Álvaro Elizalde manifestó que “lo primero que es muy importante es que se esclarezcan los hechos sobre la base de esta investigación y, adicionalmente, es entendible el dolor que ha generado para la familia esta situación tan compleja. Mayor razón para que se esclarezcan completamente los hechos”.
“Hay un sumario en curso para total esclarecimiento de los hechos y la Contraloría ha hecho sugerencias y observaciones que han sido acogidas en el marco de ese sumario”, añadió el secretario de Estado, quien precisó que “los sumarios se desarrollan por el organismo respectivo”.
En esa línea, apuntó que “el detalle, más aún cuando en algunos casos eventualmente puede tener algún tipo de reserva, las distintas diligencias que se realizan, le corresponde que sean informadas por el organismo respectivo cuando lleguen las conclusiones correspondientes”, concluyó.
Presidencia dice que mantuvo contacto con familia de la víctima
Pero también desde la Presidencia se refirieron al caso y recordó que el sumario “se inició con fecha 2 de octubre del 2024” y se tramitó “conforme a la normativa vigente”.
Coincidió con Elizalde respecto de las modificaciones que introdujo la Contraloría al método empleado, lo que “implicó ajustes en el procedimiento y tiempos de tramitación“.
“Tras dichas modificaciones ordenadas por la Contraloría, la Dirección Administrativa de la Presidencia acató íntegramente las instrucciones impartidas por el órgano contralor. Realizó diligencias de manera expedita, emitió de manera oportuna los actos administrativos solicitados y mantuvo comunicación constante con la familia de don Hugo“, puntualizó.
