Bolivia escribió un nuevo capítulo en su historia este domingo al elegir por primera vez a su presidente en segunda vuelta. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, se impuso por una diferencia de más de medio millón de votos sobre el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, según confirmó el Sistema de Resultados Preliminares del Tribunal Supremo Electoral.
Con más del 97% de las actas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral declaró que la tendencia es “irreversible” y anunció a Paz como virtual ganador de los comicios.
El economista de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre, marcando el fin de 20 años de hegemonía del MAS, el partido fundado por Evo Morales.
La victoria de Paz representa una sorpresa electoral puesto que en la primera vuelta del 17 de agosto, logró el 32% de los votos pese a figurar en los últimos lugares de las encuestas previas, superando a favoritos como el empresario Samuel Doria Medina.
El desafío de gobernar una Bolivia en crisis
El presidente electo deberá enfrentar la peor crisis económica del país en 40 años, la cuá está atravesada por la escasez de dólares, falta de combustible y un encarecimiento generalizado de productos básicos.
Durante la campaña, Paz prometió un “capitalismo para todos” que incluye recortes al gasto público, formalización del empleo y reformas constitucionales para atraer inversión privada. Esto, a diferencia de su rival Quiroga, quien propuso recurrir al Fondo Monetario Internacional para obtener dólares rápidos.
La polémica con Chile
En el contexto de la campaña electoral, Paz protagonizó una polémica con las autoridades chilenas. Entre sus propuestas figura la legalización de vehículos “chutos” o sin papeles, medida criticada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
“Es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos en Chile, fuera de Chile, donde sea”, dijo Elizalde respecto a la propuesta de Paz.
El ministro, profundizando en su crítica, aseguró que “bajo un principio básico y es que se respete el Estado de derecho y que no se puede plantear ningún incentivo para la comisión de ilícitos, como por ejemplo los que están vinculados al contrabando”.
