La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó en redes sociales que el hombre acusado de herir gravemente a dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo a pocos pasos de la Casa Blanca es un ciudadano afgano de 29 años.
De acuerdo a la autoridad, el sospechoso ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2021 bajo la Operación Aliados Bienvenidos, un programa impulsado durante la administración de Joe Biden para recibir, por un periodo limitado, a ciudadanos afganos vulnerables tras el regreso de los talibanes al poder.
Minutos antes de esa confirmación oficial, funcionarios locales habían identificado al atacante como Rahmanullah Lakanwal, quien también resultó herido durante el intercambio de disparos registrado en una zona turística en la víspera del Día de Acción de Gracias. Las primeras indagaciones apuntan a que actuó de manera solitaria contra integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.
El episodio tuvo una inmediata repercusión política. El presidente Donald Trump calificó el suceso como un “acto de terrorismo” y lo utilizó para reforzar su discurso contra la inmigración. Posteriormente, anunció que su gobierno redoblará los esfuerzos para deportar a migrantes y adelantó posibles revisiones adicionales para quienes huyeron de Afganistán tras el avance talibán hace cuatro años.
Inmigrantes de Afganistán en el ojo del huracán por tiroteo cerca de la Casa Blanca
“Ahora debemos reexaminar a cada extranjero que haya ingresado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden“, declaró Trump. Afirmó además que “debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país. Si no pueden amar a nuestro país no los queremos”.
El mandatario añadió que solicitó al Departamento de Defensa “movilizar 500 tropas adicionales para ayudar a proteger la capital del país” y aseguró: “Llevaremos al autor de este ataque bárbaro ante la justicia de manera rápida y segura“.
Mientras tanto, organizaciones dedicadas a apoyar a refugiados afganos pidieron evitar una estigmatización generalizada. Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac, señaló que su coalición respalda que el sospechoso “enfrente toda responsabilidad y sea procesado legalmente“.
Sin embargo, advirtió que el caso “no se utilice como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad“, recordando que los afganos que buscan establecerse en Estados Unidos “se someten a uno de los controles de seguridad más exhaustivos de cualquier población que ingrese al país”.
