El 30 de diciembre de 2020 marcó un nuevo paradigma en los derechos reproductivos de las mujeres en Argentina: el aborto se hizo legal. Fue el quinto país de América Latina —luego de Cuba, Uruguay, Guyana y, en aquel entonces, solo en algunos Estados de México— que despenalizó el aborto de forma total hasta la semana 14. Ya no era necesario demostrar una violación, riesgo de vida o salud de la gestante.
Cinco años después, más de 314.000 mujeres han accedido a un aborto de forma segura y gratuita en la sanidad pública argentina. Sin embargo, hoy los equipos médicos enfrentan un obstáculo importante: la agenda social conservadora del Gobierno de Javier Milei.
El presidente Javier Milei mantiene una postura abiertamente contraria al aborto, al que ha calificado como un “asesinato agravado por el vínculo“, y ha intentado vincular su práctica con la caída de la tasa de natalidad. Aunque no ha impulsado de manera inmediata la derogación de la ley que lo regula, distintas medidas adoptadas durante su gobierno han dificultado su implementación.
Así lo advierte un informe de Amnistía Internacional, que detalla una serie de retrocesos en las políticas públicas vinculadas a la salud sexual y reproductiva.
Entre ellos, se señala la interrupción en la compra y distribución de misoprostol y mifepristona —medicamentos esenciales para la realización de abortos seguros—; la reducción en la provisión de anticonceptivos y tests de embarazo, una política sostenida por el Estado desde 2002; el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que entre 2018 y 2022 contribuyó a una caída del 49% en los embarazos adolescentes; y la falta de información accesible que permita a mujeres y personas gestantes conocer y ejercer sus derechos.
Los obstáculos de Milei en Argentina para el aborto según Amnistía
La directora ejecutiva de Amnistía Argentina, Mariela Belski, indicó que el gobierno de Milei “ejecutó un grotesco desmantelamiento institucional de políticas públicas vinculadas a estos derechos”, denunciando que “debilita el rol del Estado como garante de derechos”, “profundiza las barreras preexistentes” en el acceso al aborto seguro, y “agrava las desigualdades sociales”.
“Los relatos se repiten desde distintas provincias del país y revelan un patrón común: las mujeres y personas gestantes están encontrando barreras donde debería haber atención, acompañamiento y acceso asegurado”, precisó.
