Tras dos semanas de bloqueos de carreteras en las principales ciudades de Bolivia, sectores afines al ex presidente Evo Morales se dirigen hacia la capital, La Paz, para exigir la dimisión del actual mandatario, Rodrigo Paz.
Las movilizaciones, que incluyen también protestas encabezadas por diversos sindicatos y organizaciones sociales, llevaron a que Estados Unidos acusara a sectores vinculados al ex mandatario altiplánico de implementar “acciones destinadas a desestabilizar” al gobierno boliviano.
“En Bolivia, los disturbios y bloqueos han generado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible“, aseveró la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano.
En esa línea, Washington sostuvo que condena “todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno elegido democráticamente de Rodrigo Paz” y apoya “sus esfuerzos por restablecer el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”.
Por su parte, Evo Morales denunció un supuesto plan impulsado por Estados Unidos y respaldado por el gobierno boliviano para detenerlo o incluso asesinarlo.
Según el ex jefe de Estado, existe una persecución política en su contra y acusó al oficialismo de intentar impedir su regreso electoral.
Aquello, en el marco del juicio que se inició en su contra por trata agravada de personas, tras su presunta relación con una menor de edad cuando era presidente y con quien supuestamente tuvo una hija en 2016.
Qué hay tras la crisis en Bolivia más allá de Evo Morales
Independiente de la participación de cercanos a Evo Morales en las movilizaciones, los analistas apuntan a una disconformidad de diversos sectores sociales y gremiales con el manejo económico del Ejecutivo como origen de la crisis en Bolivia.
Aunque el gobierno creó mesas de negociación, varios sectores rechazaron los acuerdos y llamaron a mantener las protestas.
Según se plantea, uno de los motivos se refiere a la inflación, que afecta directamente el bolsillo de los más vulnerables, a lo que se suman los cuestionamientos por las privatizaciones y la eliminación del impuesto a la riqueza.
Ante la difícil situación que vive el país altiplánico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ofreció para actuar como mediador entre las partes, a fin de encontrar una solución pacífica al conflicto.
El mandatario colombiano manifestó que, en estos momentos, la prioridad debe ser evitar una escalada de violencia y abrir caminos de diálogo.
