Tras apenas siete meses en el poder, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta una severa crisis política que incluye peticiones de renuncia, bloqueos de carreteras y desabastecimiento, además de una fuerte presión social.
Es en el marco de dichas movilizaciones que, este domingo, el Congreso altiplánico le dio luz verde a la ley que le otorga al mandatario la facultad de sacar a los militares a las calles para asegurar el desbloqueo de las principales carreteras.
Inicialmente las protestas las convocaron sectores campesinos, a los que después se unieron sindicatos y opositores políticos, en particular de sectores vinculados al expresidente Evo Morales, quien enfrenta un proceso judicial por presunta trata de personas, en un caso que su círculo cercano califica como una persecución política.
Este lunes, el gobierno boliviano acusó al exmandatario de enviar autobuses hacia La Paz con el propósito de “generar violencia y caos”.
“Han llegado al extremo de apedrear ambulancias, atacando vehículos que transportan vidas y atienden emergencias. Esta no es una protesta. Es una acción criminal“, dijeron desde el Ejecutivo.
A más de un mes del comienzo de las movilizaciones, los datos de la Defensoría del Pueblo apuntan que a la fecha han muerto diez personas: siete por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres en el contexto de las protestas.
Qué implica que los militares salgan a la calle en Bolivia
La norma aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional establece un marco legal en el cual el Ejecutivo está facultado para declarar estados de excepción y coordinar acciones entre la policía y las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis graves.
El propósito de la medida es garantizar corredores humanitarios y el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, cuya escasez se hace notar en ciudades como La Paz, El Alto, Oruro y Potosí, entre otras.
De acuerdo con el reporte sobre el tema de la prensa internacional acreditada en Bolivia, la nueva ley permitirá despejar el temor de los militares de ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en este tipo de conflictos.
Aquello, debido a que uno de los artículos del cuerpo legal precisa que durante el estado de excepción los uniformados “gozarán de presunción de legalidad”, a la vez que el gobierno tendrá la obligación de asumir su defensa legal.
Pasado el mediodía, Evo Morales empleó sus cuentas de redes sociales para alertar “a la comunidad internacional sobre la aprobación de una nueva Ley de Estados de Excepción que debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos”, y cuestionó que “limita los controles judiciales y parlamentarios, y amplía la intervención militar en conflictos internos“.
