Fue una conversación de cerca de 30 minutos la que tuvo el ministro de Defensa Fernando Barros con radio Polar el domingo. Los temas fueron varios: la soberanía de Chile en la zona austral, la modernización de las Fuerzas Armadas, la proyección del país a la Antártica y proyectos de infraestructura de Magallanes. Pero fue uno el que despertó interés al otro lado de la cordillera: las Malvinas.
“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo (Reino Unido) hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas. Por lo tanto, una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”, fueron los dichos que, según un artículo de La Nación, fueron a lo menos “confusos” a ojos del país trasandino.
Y es que hubo un matiz: Barros habló de soberanía y no señaló, como sí lo hizo el presidente de Argentina, Javier Milei, en su discurso de inicios de este mes, que Reino Unido “instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días” en las islas. También generó dudas que Barros hablase de respetar la voluntad de las “personas involucradas”, cuando el país trasandino no les reconoce a los isleños un derecho legítimo de autodeterminación.
Los otros matices que causaron ruido
“Chile y la comunidad magallánica tiene el derecho de ejercer el comercio y ejercer todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, fue la otra declaración de Barros que también atrajo la atención de la prensa argentina. La aparente contradicción, en este caso, reside en que Milei anunció que reforzarían las sanciones a las empresas que comercien con las Malvinas.
También hizo ruido que el secretario de Estado dijera que el compromiso que Chile adquirió en el Mercosur, de apoyar las restricciones argentinas frente a la explotación unilateral de recursos mineros y petroleros en la zona, es “político” y no jurídicamente obligatorio. Esto, debido a que este punto también fue parte de la declaración conjunta que Milei hizo en el Palacio de La Moneda junto al Presidente José Antonio Kast.
En Chile, los efectos de la declaración de Barros ya se conocen. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI) tuvo que aclarar que “la posición respecto a la política exterior chilena la fija el Presidente, el canciller y quienes ejercen labor de vocería” y según Ex-Ante, en Cancillería recibieron con perplejidad las declaraciones del ministro. Desde Argentina, el canciller Pablo Quirno evitó escalar la polémica. “Palabra de Presidente mata a palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí“, dijo aludiendo a la declaración que firmaron Kast y Milei.
Con todo, EL DÍNAMO quiso conocer cuál es la lectura argentina de este aparente desencuentro sobre soberanía y zonas australes, cuando ambas naciones parecían dejar atrás las tensiones que se vivieron en torno al Estrecho de Magallanes entre agosto y septiembre. Acá el análisis de tres argentinos expertos en relaciones internacionales, geopolítica y la cuestión Malvinas.
La “voluntad” de los isleños
Al otro lado de la cordillera, las lecturas sobre los dichos de Barros, en particular sobre aquellos que implican considerar la voluntad de los involucrados, son disímiles. Para el abogado, especialista en la cuestión Malvinas y miembro de la Academia Antártica, Enrique Aramburu, las declaraciones del ministro no comprometen “la responsabilidad internacional de la República de Chile”.
“Al no ser sujeto del derecho a la autodeterminación de los pueblos, los habitantes de las islas tienen todo el respeto que como seres humanos les corresponden, pero no pueden resolver ellos la disputa. Obviamente, la resolución entre la República Argentina y el Reino Unido tendrá en cuenta sus intereses“, añade.
A juicio de Iván Ambroggio, analista internacional y autor de libros sobre conflictos internacionales y Malvinas, la formulación que hizo Barros es “ambigua y diplomáticamente costosa”. “Reconocer de hecho un ejercicio de soberanía británica de dos siglos, sin calificarlo como ocupación colonial, y elevar la voluntad de la población implantada a elemento relevante, se acerca peligrosamente a la tesis británica de autodeterminación. Esa tesis es rechazada de plano por la doctrina argentina y por la práctica de los organismos regionales”, explica.
“La implicancia para Chile es clara: si la posición oficial del gobierno de Kast no reconoce la autodeterminación de los isleños como mecanismo resolutorio, las palabras del ministro de Defensa generan una discordancia interna que debilita la coherencia del respaldo chileno y alimenta la narrativa británica. No se trata de negar los derechos humanos individuales de quienes viven en las islas, sino de no transformar a esa población implantada en un tercer actor con veto sobre la soberanía”, complementa Ambroggio, quien también ha dirigido investigaciones en el Ministerio de Defensa argentino .
El politólogo y director académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) Juan Battaleme considera que “como todo ministro y funcionario público, (Barros) tiene que conjugar dos cuestiones. Por un lado los intereses de Chile y por otro, la buena vecindad que también es un interés de Chile. Entonces la declaración conjuga hábilmente las dos cuestiones“.
“Por un lado, el tradicional apoyo que Chile ha manifestado a la República Argentina por la cuestión Malvinas y por otro lado, el hecho de que de facto tiene Chile y Reino Unido excelentes relaciones desde 1982 en adelante y que el sector defensa y digamos, ciertos sectores de lo que podríamos llamar la derecha chilena tienen una relación que ellos entienden que es constructiva con el Reino Unido. En ese contexto, la interpretación es única y es esta: tener que manejar dos agendas que son conflictivas y que lamentablemente por el accionar unilateral del Reino Unido y Gran Bretaña, Chile queda bajo una presión adicional”, puntualiza.
Qué tan conflictivas pueden ser las actividades comerciales con las Malvinas
A ojos de Battaleme, Barros está en lo correcto al señalar que desde el punto de vista chileno no hay inconveniente en que Punta Arenas mantenga actividades comerciales con las Malvinas. Lo conflictivo es que “Argentina está discutiendo la explotación de petróleo. Por lo tanto, si desde Punta Arenas se trabaja en pos de que se realicen actividades extractivas en la industria petrolera, eventualmente quienes trabajen con esas compañías o brinden servicios pueden quedar sujetos a sanciones por parte de la República Argentina“.
Sin embargo, estas eventuales sanciones no serían masivas, especifica Battaleme. “En algún punto, ya sea por el modelo de negocio o actividad quienes tengan que tomar la decisión tendrán que elegir si tener una relación fructífera con la República Argentina o con el Reino Unido“, advierte.
Ambroggio, en tanto, estima que la postura esbozada por Barros “choca de frente con las medidas anunciadas por el gobierno de Javier Milei. Aunque, vale decir que la cadena nacional que utilizó para expresar sus anuncios fue más una electoralización de la Cuestión Malvinas que la presentación de un paquete novedoso de medidas, porque ya existen leyes (que datan 2011 y 2013), contra empresas que operen en las islas sin autorización”.
“El impacto potencial es doble. En el plano bilateral, debilita la capacidad argentina de generar costos a la ocupación británica. Si un socio cercano y firmante de la reciente declaración conjunta facilita vínculos logísticos y comerciales directos, se erosiona el aislamiento relativo que Buenos Aires busca imponer. En el plano regional, relativiza el sentido de las declaraciones del Mercosur de 2011 (y de Unasur) que comprometían a los Estados asociados a no facilitar el ingreso de buques con bandera isleña ni el soporte a la explotación de recursos”, asevera.
Aramburu, por su parte, acota que “el ministro lo es de Defensa, no de Relaciones Exteriores. Su postura, si es seguida por el gobierno de su país, podría hacer pasibles a las empresas chilenas en las medidas sancionatorias anunciadas por la República Argentina”.
¿Afecta la relación bilateral?
“Estando tan decidida como lo está la República Argentina a defender sus recursos naturales no renovables por la vía diplomática, este tipo de afirmaciones pueden poner en riesgo la excelencia de las relaciones entre los dos países, cosa que será evaluada por la cancillería argentina”, advierte Aramburu sobre la aparente relativización que hizo Barros respecto de los compromisos de Chile en Mercosur y Unasur.
A juicio de Ambroggio esta declaración, desde el punto de vista diplomático, “es significativa y potencialmente dañina”, debido a que “envía dos señales: hacia Argentina, que el respaldo chileno es flexible y puede acomodarse a intereses comerciales magallánicos; hacia el Reino Unido y terceros, que la solidaridad regional es frágil y negociable“.
“Las declaraciones de Barros, aun cuando reiteran el apoyo formal al reclamo argentino, introducen elementos que erosionan la coherencia de ese apoyo como la elevación de la voluntad de una población implantada, la facilitación del comercio con las islas y la relativización de los compromisos regionales”, asevera el analista.
Battaleme, en cambio, estimó que “el ministro Barros ha dicho verdades y eso lo apreciamos. Es cierto, las declaraciones del Mercosur son políticas, no jurídicamente obligatorias, así que en ese sentido coincido”.
“Con respecto a la minería, no debería tener un impacto en la relación bilateral en tanto la empresa que esté vinculada a la minería en la Argentina, supongamos, no sirva de apoyo para la extracción de energía en el Reino Unido de Gran Bretaña. La relación no se va a afectar porque el Presidente Milei y el Presidente Kast tienen una excelente relación. Las sanciones son quirúrgicas y cada cual defiende su interés nacional. Eso no tiene por qué llevar por el lado nuestro a una tensión con Chile”, apunta.
