La policía paraguaya está analizando diversas alternativas para acceder a la bóveda blindada oculta que descubrió al allanar la mansión del expresidente paraguayo Santiago Peña, detenido por el colapso de Ueno Bank.
El procedimiento se inició la tarde del domingo en la casa de verano que posee el exmandatario en San Bernardino, unos 50 kilómetros al este de Asunción, mientras Peña continúa en prisión preventiva en la capital paraguaya.
La vivienda es un factor clave de la acusación contra Santiago Peña pues, cuando ya había asumido, recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank para construirla.
De acuerdo con lo reportado por la Fiscalía a los medios de ese país, la entidad bancaria le transfirió 3.548 millones de guaraníes (600 mil dólares), y el expresidente tenía que pagar cuotas de 239 millones, equivalentes a seis veces su sueldo mensual.
La sofisticada bóveda de la casa de Santiago Peña
Según lo informado por el diario paraguayo ABC, durante la inspección de la casa de Santiago Peña las autoridades encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa.
Pese a los intentos de los agentes que estaban en el lugar, los esfuerzos por acceder a la caja fuerte el domingo resultaron infructuosos.
El mismo medio apuntó que el sistema de seguridad es de “nivel 7”, mientras que otros medios aseveraron que se trata de una tecnología que tendría origen israelí.
Para acceder a ella hay que pasar con éxito cuatro mecanismos que incluyen reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, clave numérica y llaves tipo multilock.
Algunas de las opciones que analiza el Ministerio Público para abrir a la bóveda incluyen una detonación controlada, pedirle a la exprimera dama, Leticia Ocampos que lo haga, o la intervención de otros familiares.
Debido a que la labor policial no se ha completado, agentes del Departamento contra el Crimen Organizado vigilan la propiedad.
Tras el escándalo por el caso Ueno Bank, Peña presentó su renuncia el pasado jueves, pero no hubo quórum para aprobarla, y el viernes el Senado lo destituyó por mal desempeño de funciones tras rechazar su pedido de 72 horas para preparar la defensa.
