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Por una Sociedad Docente

La semana recién pasada se presentó el libro “La educación en la encrucijada: ¿Estado Docente o Sociedad Docente?” de Cristián Larroulet y Jacinto Gorosabel. Este libro plantea varias cosas interesantes en relación a la discusión actual y aporta datos que debieran ser considerados por todos aquellos que proponen políticas públicas enfocadas en una educación que fomente los principios de igualdad de oportunidades y libertad.

Uno de los datos aportados por los autores que más llama la atención fue que Chile alcanzó la cobertura universal en educación básica 100 años después que Estados Unidos, lo que implica un gran desafío a la hora de dimensionar el contexto en el que nuestro país se ha desenvuelto históricamente en esta materia. Otro dato relevante que recoge el libro es que un poco más de 5 millones de adultos chilenos no han terminado la enseñanza media, lo que en la práctica afecta sus oportunidades de trabajo, la productividad nacional y por supuesto los ingresos de su familia. Esto es particularmente importante cuando, por ejemplo, se discute la política de gratuidad universal en educación superior, ya que pareciera que algunos desconocen esta realidad al preferir enfocar recursos en quienes ya acceden a las universidades en vez de los millones que aún no han terminado el colegio.

A pesar de los contundentes datos anteriores, el libro no se trata de una recopilación de cifras, sino que busca sostener una postura en relación a la discusión actual sobre educación a partir de una visión histórica en torno a ella. Lo anterior es la encrucijada consistente en la elección de un sistema educacional: el Estado Docente o la Sociedad Docente. El Estado Docente, como su nombre lo dice, se refiere a que es el mismo Estado el encargado de proveer la educación para todos los ciudadanos, el que tiene la facultad directiva del proceso educativo en general, y por tanto maneja tanto los contenidos como las políticas en relación a la educación. Por otra parte en la Sociedad Docente existe un compromiso conjunto de las diversas personas e instituciones. Si bien el Estado tiene un rol fundamental, no es el encargado de proveer necesariamente la educación – aunque garantiza su acceso – ya que ésta puede ser entregada a través de diversos medios, en general por instituciones públicas y privadas. Sin embargo, lo esencial de la Sociedad Docente es que el derecho preferente de educar a los hijos pertenece a los padres y no al Estado.

Este último punto es central en la discusión actual, porque ya hemos visto que en nuestro país el sistema de Estado Docente fracasó y fue abandonado muy tarde, pero también sabemos que en otros países funciona, como por ejemplo en Finlandia. Chile en los últimos años optó por la Sociedad Docente y así lo demostraron diversos acuerdos tanto políticos como académicos, destacando la comisión Brunner y la comisión de la que nació la Ley General de Educación. Es la Sociedad Docente la que nos permitió avanzar en cobertura a pasos agigantados y también sostenidamente en materia de calidad según diversos informes internacionales.

Hoy Chile debe elegir. El modelo de Sociedad Docente ha sido cuestionado por el gobierno y por sectores de izquierda, sin embargo las familias han demostrado una y otra vez que son ellas las que quieren elegir la educación de sus hijos, tener proyectos educativos diversos para escoger y por último, el apoyo del Estado cuando carecen de los recursos económicos necesarios. Lo anterior en ningún caso significa que por apoyarlos con recursos debemos restringir o limitar su libertad, al contrario, ojalá ninguna familia se vea imposibilitada de escoger el tipo de institución que quiera por falta de recursos. En definitiva, la encrucijada es si queremos que sean las personas quienes elijan la educación de sus hijos, a través de una Sociedad Docente, o decidimos que lo haga un burócrata en el Ministerio de Educación, por medio del Estado Docente.

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