Los coletazos de la megarreforma se siguen discutiendo en el Tribunal Constitucional, luego que empresas de electricidad y gas recurrieran al TC para dejar sin efecto la norma de la ley que obliga a la reposición gratuita de servicios básicos a mipymes y usuarios en zonas bajo estado de catástrofe, no importando si cuentan con deudas vigentes.
El artículo 31 de la megarreforma determina que las compañías tienen un plazo de 24 horas para reponer el agua potable y el alcantarillado, plazo que se extenderá a 48 horas en el caso de la luz y el gas, a contar de la solicitud del usuario.
Luego que el Tribunal Constitucional rechazara por 9 a 1 el requerimiento del Gobierno para declarar inconstitucional la norma, las firmas recurrieron al procedimiento de control obligatorio de constitucionalidad para pedir la revisión del articulado de la Ley de Reconstrucción.
Las distribuidoras aseveran en su presentación que la megarreforma no debió tramitarse como ley común, ya que sus efectos responden a estados de catástrofes, la cual la Constitución reserva bajo la ley orgánica que regula los estados de excepción.
Es por esto que piden al TC que revise si tiene competencia jurídica para analizar el artículo 31, aún cuando ésta no era parte del proyecto original que visó el Congreso Nacional. Si es declarado admisible, se podrá revisar el fondo de la iniciativa.
Alertan por eventual alza de tarifas
La ley además considera que las concesionarias, junto con aplicar cobros por corte y reposición, deberán pagar compensaciones en caso de no cumplir con los plazos establecidos. A esto se suma la inexistencia de fondos compensatorios o subsidios estatales para solventar estas operaciones.
Ante esto, Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach, advirtió a radio Cooperativa que “si se mantuviese esta norma vigente, habría que hacer el traspaso a tarifa, dado que la componente de distribución que financia la reposición del servicio a las cuadrillas debiese multiplicarse por muchas veces para lograr el estándar de las 48 horas de todo evento”.
“Eso indudablemente tendría un efecto en las cuentas. De manera preliminar es difícil estimar un costo, pero actualmente el VAD (Valor Agregado de Distribución), que es el componente de distribución, remunera a las cuadrillas con los estándares que estableció la norma técnica, que, en algunos casos, en las situaciones más complejas y graves, puede llegar hasta tiempos de reposición a las 60 horas”, argumentó.
Para Verdejo, “si ahora se reduce ese margen a las 48, va a tener un efecto importante en las cuentas de los usuarios”.
