Los estudiantes perdimos

Educación Pública, Gratuita y de calidad: esa es la consigna que nos ha tenido a cientos de miles reunidos en las calles estos últimos años. Pública, porque queremos una educación superior democrática y que responda a los intereses y al desarrollo de nuestro país; gratuita, porque entendemos la educación como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado y no un bien de consumo que se transa en el mercado y de calidad porque queremos devolverle la dignidad perdida a una educación pública desfinanciada y dejada de lado por parte del Estado.

El cuan profunda y cuan cercana a las demandas del Movimiento Social sea la reforma educacional lo sabremos durante las próximas semanas en cuanto el gobierno ingrese el proyecto de ley, sin embargo el comienzo de la implementación de la gratuidad vía ley de presupuesto era sin duda un avance en la dirección correcta.

¿Era perfecta esta propuesta? En ningún caso, y fuimos los propios estudiantes que dijimos que la gratuidad no podía ser una carrera contra el tiempo y que no podía sólo cubrir la duración formal de la carrera. También miramos con preocupación los requisitos para las instituciones planteados en la glosa -cuatro años de acreditación, no lucro y participación triestamental en el caso de las universidades- los cuales resultan insuficientes para una regulación estatal que debe considerar otros aspectos como la heterogeneidad en el acceso y la vinculación con un plan de desarrollo nacional.

Lo significativo de este proyecto sin embargo, es que a pesar de estos aspectos negativos, la propuesta de gratuidad que se rechazó por el Tribunal Constitucional era un cambio de paradigma respecto a cómo se entregaban los recursos a las Instituciones de Educación Superior. Se pasaba de financiar a la demanda, a financiar directamente a las instituciones que cumplían requisitos mínimos; lo que la derecha alegaba como “discriminación” no era más que regular por primera vez de forma seria a las instituciones que reciben plata de todos los chilenos, dejando fuera entre ellas a las Universidades, CFT e IP que ensanchan sus bolsillos con la plata de sus estudiantes y lo más importante, esta propuesta lograba que el próximo año el 50% de los estudiantes más vulnerables no tuviera que pagar ni endeudarse por estudiar.

Con el fallo del Tribunal Constitucional todos estos avances se desechan, sentando un precedente negativo para el debate de la reforma y retrasando un año más la educación gratuita a más de 200.000 compañeras y compañeros.

Esto no debería dejar indiferente a nadie, pero paradójicamente quienes hemos estado más ausentes del debate hemos sido precisamente a quienes más les debería importar.

Como Confech no solo nos ausentamos de la defensa de la gratuidad en el Tribunal Constitucional –al contrario de otros actores del mundo educacional como los rectores del CRUCH y CUECH, los trabajadores de las universidades organizados en la CONATUCH y los estudiantes secundarios de la CONES- sino que no jugamos rol alguno en esta discusión. Parece que estos meses de elecciones federativas y el afán enfermizo de diferenciarse de cualquier cosa que huela a gobierno, pesa más para algunos, que defender los avances que hemos conquistado precisamente en las calles.

La Confech debe ser una organización autónoma de los gobiernos de turno y debe tener capacidad en las calles de diferenciarse de aquellas políticas que vayan en contra de los intereses de los estudiantes, sin embargo de lo que no podemos ser autónomos es de las demandas históricas del movimiento estudiantil porque es de nuestra lealtad con la lucha de nuestras compañeras y compañeros, de donde vamos a sacar la fuerza para conquistar una reforma en los términos del movimiento social.

El que como movimiento universitario no hayamos defendido la gratuidad de los ataques de los defensores del modelo es un mal precedente. Y no solo un mal precedente, sino que un hecho que afectó a 200.000 de nuestros compañeros. Si queremos ser un movimiento estudiantil que asuma con responsabilidad la historia de lucha de generaciones enteras, este precedente no se puede replicar para el debate de la reforma, porque ahí ya no estaremos hablando de 200.000 estudiantes o de un año de aplicación de la gratuidad, sino que estaremos hablando del futuro de la educación superior y de los millones de estudiantes que pasarán por sus aulas. A ellos no les podemos fallar.