El proyecto de ley de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, denominado MK4 para continuar la nomenclatura de reformas similares impulsadas a comienzos de este siglo, tiene entre sus objetivos convertir a Chile en un centro financiero regional o hub financiero. Para ello incorpora medidas bastante técnicas y algunas modificaciones tributarias que vale la pena comentar.
Una de ellas es la exención de IVA para determinados servicios de gestión, asesoría y consultoría de inversión financiera, incluidos servicios de administración patrimonial integral, prestados a personas naturales, jurídicas, trusts, patrimonios de afectación y otras entidades o contribuyentes cuyos propietarios no tengan domicilio ni residencia en Chile.
La medida tiene lógica. Actualmente, los servicios exportados pueden quedar exentos de IVA si cumplen los requisitos legales y cuentan con la correspondiente calificación del Servicio Nacional de Aduanas. La innovación busca facilitar que inversionistas extranjeros utilicen la experiencia de gestores establecidos en Chile para canalizar y administrar sus inversiones.
La idea de convertir al país en plataforma para inversiones internacionales tampoco es nueva. Un antecedente, aunque mediante un mecanismo tributario diferente, fue el artículo 41 D de la Ley sobre Impuesto a la Renta, introducido durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos para las denominadas sociedades plataforma de inversiones. Este régimen fue posteriormente derogado por la Ley N.º 21.047, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
MK4 busca ahora dinamizar la prestación de servicios financieros, pero concentra el beneficio en aquellos prestados a personas o entidades cuyos propietarios no tengan domicilio ni residencia en Chile. En cambio, servicios equivalentes prestados a residentes en nuestro país continúan, en términos generales, afectos a IVA.
¿Por qué esta diferencia? Evidentemente, se pretende hacer más atractivo nuestro mercado para los inversionistas extranjeros. Pero inmediatamente surge otra pregunta: ¿qué ocurre con quienes invierten desde Chile? Para ellos se mantiene la tributación.
Existe, además, una consecuencia bastante menos atractiva y mucho más pedestre. Los gestores locales que realicen simultáneamente operaciones gravadas y exentas deberán aplicar las reglas de proporcionalidad para determinar su crédito fiscal IVA, aumentando la complejidad administrativa.
Omar Larré, cofundador de Fintual, ha planteado precisamente este problema: los gestores locales soportan IVA sobre sus remuneraciones mientras compiten con productos y gestores extranjeros que no necesariamente enfrentan una carga equivalente. Surge entonces la pregunta de si corresponde extender la exención también a determinados servicios de administración de inversiones prestados localmente.
En mi opinión, la cuestión no consiste en elegir entre beneficiar al inversionista chileno o al extranjero. Si queremos un mercado de capitales competitivo, debemos entender que la competencia de nuestros gestores no son solamente las demás empresas establecidas en Chile. Son también los fondos, administradoras y plataformas radicados en otros centros financieros.
Si servicios económicamente equivalentes enfrentan cargas tributarias distintas dependiendo de dónde sean prestados, se produce una distorsión. Por ello, parece razonable discutir la extensión de la exención a determinados servicios prestados a inversionistas residentes en Chile.
Naturalmente, ello exige determinar adecuadamente qué servicios quedarían comprendidos y evaluar su costo fiscal. No se trata de eximir de IVA a todo el mercado financiero, sino de evitar que la tributación termine perjudicando precisamente a quienes operan desde nuestro país.
Si queremos convertir a Chile en un hub financiero y contar con un mercado de capitales más profundo, debemos competir en igualdad de condiciones con otros mercados. La recaudación fiscal no proviene solamente de gravar una determinada operación; también puede surgir de la actividad económica, los empleos y las utilidades que se generan cuando esas operaciones se realizan desde Chile.
Después de todo, si queremos ser un centro financiero regional, debemos recordar que la competencia ya no está al otro lado de la calle: está al otro lado de la frontera.
