El error de la Presidenta Bachelet (Eyzaguirre) fue determinar qué universidades privadas son merecedoras, arbitrariamente, de financiamiento fiscal y cuáles no. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional falló ante un error político que perjudicó la gratuidad fiscal y traicionó la consigna: “Para el Estado lo del Estado y para los privados, lo privado” al beneficiar a unos privados (Cruch) frente a otros privados (no-Cruch).
Simplificando: ¿Si hay universidades malas, por qué siguen abiertas?, que es el argumento que entre líneas se lee del deseo arbitrario y ¿si hay universidades que lucran, dónde han colocado las denuncias correspondientes? Que los delitos se denuncian ó se es complice de ellos, al menos que se esté mintiendo, injuriando.
En conclusión: La educación fiscal ha sido perjudicada por la separación arbitraria del Gobierno de querer financiar a un grupo de Universidades Privadas y a otras no, sin argumentos técnicos, tan sólo “porque sí”.
