La deuda histórica del estado con la salud mental

Este año nuestro país fue sede de la “Conferencia Regional de Salud Mental: Logros y desafíos 25 años después de la declaración de Caracas”. Asistieron 29 países de las Américas para reflexionar sobre los avances y desafíos en la región sobre el proceso de implementación de los acuerdos de dicha declaración.

Resulta relevante compartir que se han identificado importantes avances, pero aún existen inadmisibles brechas a nivel continental. Chile es uno de los países que más ha avanzado en una atención de salud mental descentralizada, continua y basada en la comunidad.

Sin embargo, la situación de las más de 220 mil personas que actualmente tienen algún grado de discapacidad, son discriminados tanto por la sociedad como por las políticas poco eficientes del Estado. De estos, 92 mil personas son pobres monetarios o multidimensional, por lo tanto viven una doble exclusión.

La actividad laboral de estos ciudadanos: menos del 20% trabaja, y la ley 18.600 sobre “Deficientes Mentales” no los ubica en las mismas condiciones que los demás chilenos al poder celebrar contratos de 45 horas semanales inferiores al sueldo mínimo. En cuanto a su salud, pueden ser sometidos a procedimientos médicos irreversibles, como la psicocirugía y esterilizaciones contra su voluntad. Situación que entra en contradicción con los estándares y normativas internacionales.

Los recursos destinados a Salud Mental están lejos del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quienes proponen al menos un 5% para nuestro país. Actualmente, el presupuesto de salud destinado a salud mental no supera el 2,2% del total y pese a que esta cifra debiera ir en aumento año a año, desde el año 2008 hemos observado con preocupación su decrecimiento.

Las autoridades presentes en la conferencia anunciaron que el Ministerio de Salud ya está trabajando en una propuesta para la promulgación de una Ley de Salud Mental para Chile. Tanto la ministra Castillo como el subsecretario Burrows informaron del inicio de un trabajo en esta materia cuyas bases apuntan a la intersectorialidad, una legislación armónica y la red de salud mental comunitaria como referente.

Esperamos que este anuncio minimice la deuda histórica del Estado y visibilice a las personas con discapacidad mental. Creemos necesario que se avance hacia políticas públicas inclusivas que contemplen un presupuesto adecuado y un sistema integrado de apoyos y servicios basados aún más en la comunidad, tanto para quienes tienen discapacidad mental, como para sus familias y/o cuidadores, respetando y fomentando su participación y sus derechos.