Villa San Luis: lo que viene

Nuestra opinión sobre el proyecto habitacional de integración social en Las Condes, Villa San Luis, ha sido publicada en algunas columnas en este medio digital que sí cultiva la libertad de expresión y por ello no tiene mayor sentido continuar entregando antecedentes.

Lo que sí está claro es que la decisión adoptada el miércoles pasado por el Consejo de Monumentos Nacional en orden a declarar como Monumento Histórico el Lote 18 A1 de 3.500 m2, con dos edificios semi demolidos ilegalmente por la inmobiliaria dueña del predio, no solo es justa como legal, sino que absolutamente necesaria.

Nos tomamos la libertad de reproducir a continuación una carta sobre este asunto enviada al diario El Mercurio por Miguel Lawner, director de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), servicio dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la época en que se construyeron los 27 edificios con 1.000 viviendas sociales para los compatriotas más pobres que vivían en esa comuna en el período del gobierno de Salvador Allende.

¿Por qué la enviamos a El Dínamo ?

Por la sencilla razón de que el medio de prensa El Mercurio que es afable servidor permanente de los intereses de la oligarquía censuró dicha carta, cuyo texto íntegro se le envió por su autor a algunos de sus amigos, informándonos de esa abominable práctica anti periodística.

¿Qué dice la carta rechazada por los individuos que forman parte del Consejo Censor de ese medio de comunicación elitista ?

El señor Lavín se pregunta si la declaratoria de Monumento Nacional de los bloques sobrevivientes del San Luis significa que nadie puede tocar estos edificios. Añade lo siguiente: “Si es simplemente  dejarlos como están, yo lo lamentaría mucho”.

El alcalde puede estar tranquilo. Un sitio de memoria no significa dejar los edificios como están. Significa que serán el soporte para que se pueda conocer la historia de lo que allí ocurrió.

Documentaremos el desalojo brutal en 1976, de mil familias modestas, que habían adquirido su vivienda en conformidad a todas las disposiciones legales vigentes a la época y trasladados a potreros alejados o a viejas viviendas del Ejército, ocupadas por personal de tropa de la institución, que  pasaron a sustituirlos.

Documentaremos el desconocimiento de Pinochet al decreto de Bienes Nacionales de 1990,  que le adjudicó  los edificios sólo para uso habitacional del Ejército, ya que apareció públicamente vendiéndolos el año 1997 en  89 millones de dólares a la Inmobiliaria que demolió 23 de los 27 bloques existentes.

Restauraremos los edificios, transformando el lugar en un sitio de memoria didáctico, dedicado a advertir los riesgos que representa la segregación social urbana y a incentivar la interacción entre niños y jóvenes  de ingresos altos y bajos, entre chilenos e inmigrantes o entre la diversas etnias que pueblan nuestro país. También dejaremos algún testimonio del propósito de demoler los restos de las viviendas sociales más dignas levantadas en Chile.

Será el más bello lugar de la comuna. Un centro solidario impregnado de humanismo, tolerancia y fraternidad; atento a la vigencia de los derechos humanos; un oasis de luz, en media de las frías torres de cristal en su entorno.

Ahora bien, como una muestra del ejercicio libre y sano del periodismo sobre el mismo asunto, damos a conocer en link de CNNChile la contundente respuesta del Comité de Defensa de la Villa San Luis a la inmobiliaria dueña del predio, la que a través de su gerente general llamó públicamente a la ministra Adriana Delpiano a no firmar el decreto respectivo, noticia difundida por El Mercurio 30/06/17. La completa respuesta de quienes han promovido la declaratoria patrimonial de lo que queda de esa villa popular, se aprecia en ese canal de televisión.

Por lo anterior, los lectores ya tienen la película clara en relación a esta declaratoria del Monumento Histórico, que tanto a molestado a quienes forman parte del 0,5 % de la población y de sus obedientes comparsas. Asimismo ya saben en detalle cómo se produjo la ignominiosa transferencia del terreno por parte del Ejército de Chile a los avivados inversionistas y cómo el Ministerio de Bienes Nacionales, en el gobierno de Aylwin, no tuvo los pantalones para exigir la devolución al Estado de la Villa desocupada en aquel entonces por familias de suboficiales del Ejército.

Después de que la ministra Adriana Delpiano, en breve plazo, firme el Decreto Supremo respectivo y se le pida a la Contraloría que tome razón del mismo, se publicará en el Diario Oficial. Después que ello suceda, la inmobiliaria interpondrá una acción judicial, cautelando sus intereses mercantiles, posiblemente un recurso de protección, en contra de los servicios administrativos del Estado que han intervenido en la protección patrimonial. Estamos seguros que después de unos cuantos meses, esa acción judicial será rechazada por la Corte Suprema, pues la ley Nº 17.288 debe ser respetada por moros y cristianos.

En ese próximo escenario, lo más lógico será que el Estado le compre a la inmobiliaria el terreno en el avalúo fiscal que determina el Servicio de Impuestos Internos (SII), pero nunca en el especulativo precio comercial que quisiera la inmobiliaria, para que allí se puedan ejecutar las obras descritas por Lawner en su carta no publicada en el autodenominado Decano, las que le darán mayor valor a ese sector urbano de la comuna de Las Condes.