El último día de su administración, el gobierno de Michelle Bachelet dio a conocer el conjunto de estudios de opinión solicitados por la Secretaría General de Gobierno a empresas consultoras, entre las cuales se encuentra Subjetiva. Rápidamente el tema concitó el interés de los medios de comunicación, dado el carácter reservado que en general tienen estas investigaciones.
La decisión de entregar esta información no solo es un importante paso en la transparencia de la gestión pública, sino un aporte en varios sentidos. Por lo pronto es un material que debiera aportar al periodismo y al análisis político una mayor comprensión del escenario de opinión pública en que transcurre la actividad política real. Esta dimensión muchas veces está ausente en nuestra prensa política, a diferencia de lo que ocurre en EEUU o Europa, y más bien se apuesta por entregar esa función a algunos líderes de opinión, con todos los sesgos y falta de transparencia que ello pudiera implicar.
La publicación de estos estudios es también una invitación para que la academia aporte al desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías que permitan contar con instrumentos adecuados o acordes a la complejidad que implica hoy la observación y medición de la opinión ciudadana. Lo sucedido en las últimas elecciones da cuenta de la necesidad de esta mejora. Parte importante del problema de baja participación electoral y descrédito de la política tiene que ver con la carencia con diagnósticos más certeros y seguimientos de los mismos. Son pocas las universidades que cuentan con este tipo de estudios, pese a proliferan post grados y cátedras sobre comunicación política y análisis electoral. Hay que destacar el valor que tiene la información cualitativa que entregan estos estudios, donde es posible descubrir señales de relatos más amplios.
Todo lo anterior, por último, servirá para una discusión y perfeccionamiento de la comunicación política del Estado y otras instituciones. La gran mayoría de esos estudios estaba destinada a buscar el mayor conocimiento y mejor comprensión por parte de los ciudadanos de las políticas públicas implementadas. Nuestra experiencia a lo largo de estos años en diferentes reparticiones señala que quienes diseñan e implementan políticas publicas solo consideran a la comunicación en parte final del proceso. Así gran parte esfuerzo comunicacional apunta a bajar la información (cuñas), explicarla, poniendo énfasis en el cómo se hacen las cosas, más que en el objetivo de las mismas. El sentido se olvida en medio de los tecnicismos y las tácticas políticas en la discusión legislativa. En muchas ocasiones el foco queda en los actores políticos, grupos de interés y expertos. Quizás el mejor ejemplo sea lo acontecido en educación, no solo en la pasada administración.
Ojala que a la actual administración continúe con esta sana política de transparencia, rescatando y mejorando metodologías y abriendo espacio de discusión de cómo mejorar la comunicación del estado hacia sus ciudadanos. Obviamente ello redundará en sus niveles de aprobación ciudadana. Levantar la vara hará – a su vez- que la actual oposición asuma el desafío de tecnificar la actividad política en lo que se refiere al conocimiento de los ciudadanos, de sus percepciones y relatos, de esperanzas y temores más arraigados. Todo lo anterior hará mucho más intensa la competencia electoral y política y, ello redundará finalmente en una democracia más convocante, más participativa y más atractiva para los ciudadanos.
