Han sido tiempos tristes. Nunca pensamos que masas “sin liderazgo ni estructura”, se abalanzarían contra el metro para destruirlo, y que lo harían con el pretexto de un alza que estaba regulada por un panel de expertos que obra en función de reglas definidas por la ley. Su objetivo anarquista lo cumplieron. Destruyeron el sello de prosperidad que ostentábamos. Pero no les bastó eso, ya que cómo no hubo resistencia coercitiva a su actuar, se empoderaron y avanzaron a quemar los símbolos del capitalismo. Las tiendas, los supermercados, las bombas de bencina. Etc.
Esta situación propiciada por anarquistas que seguramente sin saberlo, le hicieron el juego a quienes detestan, que son precisamente los políticos que se sirven y se han servido del sistema para su beneficio (dietas, viajes, etc.), en vez de provocar rabia en los políticos serios y en la mayoría de la gente que trabaja y emprende, lo que hizo curiosamente fue relevar el desorden a un segundo plano y poner la desigualdad como el eje del problema.
Pese a que lo lógico era que todos, en forma unánime se opusieran al uso dantesco y hasta carnavalesco de la violencia, políticos que creen ser los portavoces de ese descontento, en circunstancia que son los grandes responsables de éste, ya que por causa precisamente de su oposición no se han logrado aprobar los cambios que apuntan precisamente a equilibrar la balanza y favorecer el emprendimiento, la inversión, y consecuentemente el crecimiento, que es lo que da trabajo y por lo tanto recursos para satisfacer las demandas sociales (mayores impuestos y mejores sueldos), apelaron a que todo este malestar ciudadano respondía a que el colectivo político no era capaz de satisfacer las demandas sociales, que curiosamente, coinciden con la que ellos mismos plantean.
Resulta odioso constatar cómo entre medio del tumulto emergen diputados y alcaldes que desafían a la autoridad. Rabia y malestar provoca que los militares y los carabineros se limiten a observar sin actuar con fuerza contra este lumpen contaminado por narcos y que eso sea consecuencia del actuar que el Estado en su conjunto ha tenido con ellos. Cero empatía. A un policía pueden escupirlo, golpearlo, azuzarlo, intimidarlo, ofenderlo, y hasta intentar quemarlo, y nadie hace nada contra el hechor. Si el policía, por el contrario, acaba con su paciencia y comete el error de golpear a la “víctima del sistema” será sumariado, formalizado y expulsado de su institución. Lo mismo le ocurrió a militares que en el pasado osaron enfrentarse a civiles armados. Defenderse les costó cárcel. Piñera que pidió sus votos, lejos de procurar una amnistía general y terminar con esa persecución, no sólo no hizo nada sino que además y por si fuera poco, habló de cómplices pasivos. En ese contexto, evidentemente que los militares no quisieran estar dónde están, y si lo hacen no obrarán con la fuerza que la situación amerita, porque si lo hacen no faltaran diputados y hasta senadores que en masa salgan a defender a la “víctima del sistema” y a condenar al militar que defendió a la población del saqueo y del lumpen.
Todo lo dicho no significa que vivamos en un país maravilloso. Al revés, está lleno de desigualdades e injusticias. Nadie puede discutirlo ni menos oponerse a corregirlas. Pero cosa distinta es que el lumpen y la delincuencia sean los legítimos voceros de esa disconformidad. No podemos permitirlo. A los violentistas se les reprime con fuerza. Para eso están y existen las Fuerzas de Orden. Los políticos debieran respaldar al poder armado. Otorgarle toda la autoridad para proceder con fuerza y sin la espada que pende sobre ellos de ser enjuiciados si actúan. No puede permitirse el espectáculo de que ladrones en sus propios vehículos concurran a saquear tiendas. Menos que incendien el metro o negocios de gente que emprende y hace grande al país. Nuestros hijos no pueden ser testigos de que el lumpen dicte cátedra o fije la agenda social.
Las desigualdades se discuten en el Congreso y por quienes han sido investidos para ello. Para eso existe el voto. Se discutirá en su oportunidad sí se reducen los parlamentarios, se disminuye la dieta, y se reestructura el aparato estatal eliminando burocracia innecesaria. Habrá también oportunidad para discutir si corresponde o no que el Estado avale contratos de adhesión que son francamente leoninos, o si por el contrario el Estado debe intervenir ciertos negocios, reconociéndole a los ciudadanos derechos mínimos. Pero todo eso en el Congreso.
Lo que no puede ocurrir es que los cambios que el gobierno impulsa y que apuntan a corregir las desigualdades del sistema, como es por ejemplo la Reforma Tributaria, se postergue y se cuestione su legitimidad porque “la gente se movilizó”. Tampoco que se siga la agenda de los partidos más extremos que junto con carecer de representatividad, han estado aprovechándose de la situación, autoerigiéndose por sí y ante sí como los portavoces de la precariedad.
El lumpen que sin duda, ha sido utilizado por un grupo organizado que persigue como fin político desestabilizar el sistema, debe ser controlado y a la fuerza. La gente que se opone al gobierno y que postula cambios, que siga manifestándose pacíficamente hasta que los cambios que proponen sean transformados en leyes por los políticos que ellos elijan con su voto. Es legítimo que debatan y expongan sus puntos de vista y señalen las soluciones que ellos han pensado. Lo que no pueden hacer es pretender que sus ideas que no son mayoría sean consideradas por el gobierno que ellos no eligieron, con el pretexto de que si ello no ocurre el país se parará.
Lo que ahora falta y se necesita son líderes que no se dejen intimidar por las turbas enajenadas y que sean capaces de distinguir lo que son las demandas legítimas que deben resolverse hoy, de los reclamos cuya solución junto con requerir tiempo exige paciencia, trabajo y por sobre todo inteligencia. Pero nada de eso será posible, si no hay una condena unánime contra el lumpen, los narcos, los saqueadores y los delincuentes en general. Finalmente el gobierno debiera ocupar los servicios de inteligencia para desvirtuar o ratificar la presencia de agentes internacionales en la organización de esta debacle, porque si ello es así, lo que sigue es proceder en consecuencia, con acciones incluso internacionales.
