Quienes hemos estado participando, expresándonos de forma transversal y pacífica, buscamos un acuerdo común. Hemos manifestado nuestra intención y voluntad de ser parte un cambio estructural profundo, que construya una nueva “normalidad”, la que se ajuste a los valores y las demandas de todos los chilenos y chilenas, incluyendo a quienes no están en las grandes ciudades.
Esta nueva construcción social debe considerar a quienes han sido invisibilizados y poco escuchados. A quienes no les llegó la invitación por redes sociales a marchar, porque son parte del 84% de población rural que no tiene banda ancha.
Quienes son parte del 46% que viven tan lejos de una escuela, que no van a poder participar de los cabildos o los mismos que no hubiesen podido ofrecer agua a los manifestantes, porque son parte del 46% que sigue sin acceso a agua potable. Llegó el momento de que se hable de los invisibles, que están y son parte del Chile rural (Casen 2017).
En la actualidad hay 263 comunas rurales, en ellas viven el 25,5% de la población total del país (OCDE). Estos casi 4.5 millones de chilenos son los que conviven, conservan y activan el 83% de la superficie de Chile, pero sus niveles de ingresos y accesos siguen siendo notoriamente más bajos en comparación a los sectores urbanos.
Según la encuesta Casen 2017, la pobreza por ingresos en los territorios rurales llega a un 16,5% el doble de lo que tiene el sector urbano. Además si consideramos la pobreza multidimensional, este porcentaje se eleva a un 37,4% en comparación del 18,3% que se vive en las ciudades.
Estos números no hacen más que evidenciar una desigualdad incremental que han sufrido los sectores rurales, los que por acceso y voz no han podido expresar sus demandas. Por lo mismo, se necesitan menos tecnócratas y más barro, menos conocidos y más invisibles, que la clase política ceda el espacio a personas que saben lo que quieren y necesitan, pero que nunca han podido ser escuchados.
