Es cierto que en los próximos meses Chile se juega un partido muy importante. Un partido que, quiera o no ser reconocido, se inició sin reglas o por lo menos, sin atender a las reglas de la democracia, para derivar de ahí un proceso constituyente que algunos aplauden sinceramente y otros, con la misma sinceridad, lo ven como el resultado de un período de violencia extrema, alejado por ello de la voluntariedad que debiera ser exigido para legitimar cualquier futura Constitución.
Aparecen en este cuadro varios factores que podrían explicar cómo se llegó a este proceso (diría yo que “por las malas”).
En primer lugar, la crisis social justificada por muchos en la desigualdad con la que viven muchos compatriotas respecto de otros pocos, pero muy acompañada por la violencia ejercida por grupos que se han convencido en que la forma de obtener beneficios o bien, doblar la mano a la autoridad, es a través de la fuerza.
Fuerza de la que ha carecido el Estado para hacer frente a la anterior, lo que muestra por una parte la presencia en nuestra sociedad de un trauma para justificar e imponer el orden público y por la otra, la fragilidad de los aparatos de inteligencia para detectar tempranamente la ocurrencia de hechos de violencia extrema y de terrorismo.
Enseguida, y esto es grave, la crisis institucional en nuestro país es profunda y daña más de lo que se piensa a una sociedad compuesta por personas, en mi opinión, fuertemente institucionalizadas.
Chile necesita instituciones fuertes, respetadas y por ello, la bajísima aprobación de la ciudadanía al Congreso, a los partidos políticos, al gobierno, a las iglesias, Carabineros, Poder Judicial, por citar algunas, genera sensación de desarraigo y pérdida de identidad social.
En tercer lugar, la desconfianza e intolerancia con la que nos relacionamos los chilenos es desgarradora. Acerca de ambas es difícil encontrar una solución; por ahora el diagnóstico.
De los países OCDE, Chile es uno de los peores en índices de confianza y ahora, debe ser uno con los índices más elevados de intolerancia, especialmente en los jóvenes, quienes no están muy dispuestos a aceptar una verdad diferente a la que hoy se representan.
En tales condiciones, iniciar un proceso constituyente en los términos previstos por la Constitución luego de su reciente reforma, me parece un voluntarismo casi disociado de la realidad si es que el período pre plebiscito de entrada se vive agitado por hechos violentos, intimidatorios, en fin, de fuerza extrema o, si todo el proceso lo vivimos sumidos en la desconfianza acerca de las reales intenciones de los demás o si la intolerancia de la que hemos sido testigos impide un proceso de discusión constitucional libre y con reales espacios para la deliberación.
En efecto, el país se acerca a un período de su historia ciertamente complejo. Muchos estamos de acuerdo en que Chile requiere una mejor Constitución. Para lograr ese objetivo, sin embargo, es necesario abandonar la violencia, superar los traumas del pasado que impiden mantener el orden y la observancia de las reglas de la democracia, respetar las opiniones y el derecho de todos a expresarlas, recuperar la tolerancia y el diálogo.
El trabajo para una mejor Constitución realmente democrática y representativa no provendrá de aquella que se discuta, proponga y rija bajo las actuales condiciones.
Queda poco menos de dos años para la elección de un nuevo Congreso Nacional. Dotar a los futuros parlamentarios de facultades constitucionales similares a las que tendrán los convencionales en el caso que triunfe la alternativa apruebo el próximo 26 de abril, puede ser una democrática y representativa forma de dar a Chile una mejor y más legítima Constitución.
