Mejoremos la discusión

Borja Besa es Investigador legislativo de Acción Educar.

Febrero es periodo de receso legislativo, y pareciera ser un buen momento para reflexionar acerca del funcionamiento y de la actividad de este Poder del Estado. En tiempos donde el foco se ha instalado en la crisis gubernamental, la evidente crisis parlamentaria existente en nuestro país es muchas veces pasada por alto.

El año pasado fueron ingresados más de 20 proyectos de ley relativos a temas educativos, en su mayoría por iniciativa de parlamentarios de oposición, con una ligereza que no hace otra cosa que entorpecer y ralentizar el sistema, con graves problemas de redacción, buscando legislar materias que ya se encontraban resueltas por nuestro ordenamiento jurídico o que no tenían mayor cabida desde la evidencia.

Pareciera ser que todo es materia de ley, en circunstancias que esto no es así, sobre todo en materia de educación. Por ejemplo, llama la atención que existan iniciativas que persigan terminar con las notas y las tareas escolares, materias propias de la autonomía de las escuelas (tratadas con flexibilidad dentro de nuestra actual normativa por lo demás), pero -al mismo tiempo- estén detenidos proyectos como el de kínder obligatorio, en circunstancias que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, o el proyecto de equidad en la educación parvularia. Da la impresión que las decisiones sobre qué legislar y qué no se han vuelto un poco antojadizas.

Por otra parte, este afán de legislar sobre ciertos temas puntuales de un sector lleva muchas veces a hacerlo sin datos ni evidencia, obviando la opinión de los expertos y la realidad de las propias comunidades educativas, creando leyes entre cuatro paredes.

De esta forma, esta mala técnica legislativa termina desembocando en leyes complejas, incoherentes y muchas veces ineficientes, que dan espacio a diversas interpretaciones y, por tanto, generan mayor incertidumbre entre los regulados. Un claro ejemplo fue la Ley de Educación Superior, en donde al poco andar se hizo necesario promulgar una ley corta para resolver el problema de aseguramiento de la calidad.

Todo lo anterior indica que debemos replantear el foco de la actividad legislativa. Dejar de hacer política (partidista si se quiere) en el Congreso, para pasar a hacer políticas públicas, de calidad, y en pos del bienestar colectivo, acercando las leyes a la ciudadanía y sus problemas reales.

Así, cuando las leyes se discutan y se aprueben en virtud de su mérito, y no de la mayoría circunstancial parlamentaria, habremos superado esta crisis.