Sí al impuesto mínimo global y también sí a todo lo que limite la demagogia

"Coincido en que no es justo que los países procuren atraer a los inversionistas mediante beneficios impositivos, porque evidentemente hay países más pobres que no pueden darse el lujo de no cobrar impuestos".

Por Christian Aste Abogado
Sí al impuesto mínimo global y también sí a todo lo que limite la demagogia
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Salvo los políticos chilenos, que ven a los dueños del capital como “enemigos del pueblo”, razón por la que todos los días amanecen con ideas nuevas para aumentarles la imposición, sin considerar que la riqueza hoy es absolutamente movible y que la sola mención de gravar a los más ricos, termina logrando que el capital emigre a otros países; el resto del mundo, que ya aprendió la lección, y cuyos políticos no buscan conservar sus prebendas a costa de “vender humo”, saben que para salir del hoyo requerirán de “esos enemigos” y por eso quieren evitar que tras la pandemia, busquen refugio en países que los atraerán con tasas impositivas reducidas, y beneficios y/o exenciones.

Entienden que, con la excepción de Chile y otros países cuyos líderes buscan que todos –salvo ellos- sean igual de pobres y no que los pobres dejen de serlo si eso implica que los ricos sean más ricos, la necesidad de recuperar la inversión incentivará una verdadera pugna entre países por atraer a los capitalistas e inversionistas, y lo harán del modo que tradicionalmente se hace, esto es, ofreciéndoles beneficios impositivos.

En vista de lo que se viene, una verdadera guerra para seducirlos, la secretaria del Tesoro de EEUU del gobierno de Joe Biden, Janet Yellen, se anticipó y planteó la necesidad de pactar con el G20 la creación de un impuesto mínimo global a la renta empresarial. La propuesta que ya ha logrado el apoyo de Francia, Alemania y España, procura establecer un impuesto mínimo global para las multinacionales. Es probable que sea el puntapié inicial y se extienda luego al resto de las corporaciones empresariales, y posteriormente a las sociedades que invierten en ellas.

El denominado Grupo de los 20 (G-20), países que representan el 90% del producto interior bruto mundial, señaló que era posible alcanzar un acuerdo a mediados del 2021. El ministro italiano, cuyo país preside este año el G20, expresó que confiaba en lograr un acuerdo en la reunión que los ministros de Finanzas y banqueros centrales del grupo celebrarán a principios de julio.

No será fácil, porque entre ellos está Irlanda, cuyo modelo de desarrollo se ha basado en atraer la inversión extranjera con tributos muy bajos para las grandes corporaciones. Otros países como el Reino Unido probablemente estarán más interesados en resolver la tasa digital que ocuparse de sus paraísos fiscales, cuya sobrevivencia depende de este modelo.

Coincido en que no es justo que los países procuren atraer a los inversionistas mediante beneficios impositivos, porque evidentemente hay países más pobres que no pueden darse el lujo de no cobrar impuestos, pues quedarían sin recursos para satisfacer las necesidades del colectivo social. Otros países pueden hacerlo, replicando lo que hicieron precisamente las transnacionales cuando se instalaron y arrasaron con su competencia que no podía por razones obvias negociar mejores precios y traspasárselos a sus clientes. Fue una competencia feroz, injusta, y cuyas consecuencias todavía sufrimos, porque ahora estamos a merced de varios oligopolios extranjeros. No estoy objetando que se instalen transnacionales, lo que cuestiono es que ninguna institución intervino para exigir que la competencia impuesta por ellas, no utilizara estrategias predadoras. Lo mismo puede pasar si dejamos que los países compitan entre sí, para atraer inversionistas, y lo hagan por medio de impuestos reducidos. Habrá países que podrán hacerlo. Pero otros definitivamente no.

Me parece por lo mismo una buena idea el impedir que los países apliquen prácticas predatorias para hacerse del capital. Lo que sí, aprovecharía el impulso para, del mismo modo que se quiere proteger a los países del apetito feroz que caracteriza al capital foráneo, ponerle límites a los políticos demagogos de todos los países y compensar a los inversionistas y dueños del capital mediante la implementación de instituciones internacionales con poder coercitivo, que los protejan cuando sean víctimas de normas tributarias retroactivas, o intereses confiscatorios o impuestos que graven su patrimonio.

Nadie que obtiene riqueza, esto es, incremento patrimonial, se opone a que el país que le permite generar esa riqueza se quede con una proporción – aunque sea significativa de la misma -. Lo que no puede permitirse es gravar a la persona no obstante no tener riqueza, como ocurre por ejemplo con las patentes municipales, cuya base debe cambiarse o con las contribuciones de bienes raíces, que se cobran anualmente y sin que exista ningún beneficio tangible para el que paga.

Es perfectamente posible eliminar ambos tributos, y reemplazarlos por una tasa incluso más alta en el impuesto que grava la riqueza. Para mitigar este efecto, bastaría reconocer la integración para todas las sociedades, pero con la salvedad que los dueños de empresas no Pyme, cuyo impuesto final sea menor que el impuesto pagado por la empresa, no tengan derecho a devolución.

En definitiva, concuerdo cien por ciento con la medida, pero considero de justicia que si el G20 ha decidido intervenir en cómo grava cada país a sus inversionistas, se incluya también una protección a los mismos, impida a políticos panfletarios imponer tributos o interés confiscatorios, o impuestos que excedan los márgenes razonables que imperan o debieran imperar en un mundo que suponemos es presidido por la racionalidad y no por la demagogia, que tanto fruto ha dado siempre en Centro y Sudamérica.