La semana pasada, se aprobó en general el proyecto de ley que modifica el sistema de evaluación docente. La aprobación fue contundente, pero también lo fueron los argumentos de los senadores que intervinieron en la sesión de la Sala del Senado, ya que, además de destacar la necesidad de alivianar la sobrecarga laboral a la que se enfrentan los profesores, pusieron énfasis en la importancia de que el contenido del proyecto mejore.
Dado lo anterior, hasta el día viernes se recibieron indicaciones para modificar su contenido. El Ministerio de Educación presentó enmiendas que principalmente buscan dar respuesta a las críticas que el proyecto viene arrastrando desde la Cámara de Diputados. Por su parte, también hicieron lo mismo algunos senadores, con la intención de aportar al debate legislativo con propuestas concretas.
Las reacciones ante las indicaciones no se hicieron esperar. El presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana, Mario Aguilar, enfatizó que el sistema podría quedar “aún peor”. En esa misma línea, los representantes del gremio que fueron invitados el día lunes a la Comisión de Educación del Senado argumentan que el espíritu del proyecto pretende crear un solo sistema “evitando dualidades administrativas y el agobio laboral”.
Estando en principio de acuerdo en que ambos aspectos son importantes, el establecer un único sistema no tiene por qué implicar que sólo quede un sistema “mínimo” de evaluación docente, como se pretende al mantener sólo aquello relacionado con el reconocimiento profesional.
El sistema de evaluación que propone el Colegio de Profesores (motivado por su propia agenda particular) no es la única alternativa ni tampoco la adecuada.
La gran cantidad de indicaciones son justamente evidencia de la preocupación existente ante un futuro sistema de evaluación que se ha reconocido, en opinión generalizada, como imperfecto y débil.
Justamente son un esfuerzo para dar un giro y atender al fin último del sistema educativo: el pleno desarrollo de cada estudiante en las distintas etapas de su vida. No cabe entonces fijar la mirada únicamente en la disminución de la cantidad de evaluaciones o en el reconocimiento que trae avanzar en la Carrera Docente. La atención debe redirigirse a la noción de “evaluación” y a la capacidad de medir efectivamente la calidad de la educación impartida. Si bien el que los docentes avancen hasta un nivel esperado de desarrollo profesional y ofrecer una trayectoria laboral atractiva son aspectos importantes, ello no puede ser el objetivo único del proyecto, porque se corre el grave riesgo de desatender la calidad.
Es fundamental aspirar a una educación de calidad y, tal como se establece en el estudio que realizamos desde Acción Educar Hacia una buena evaluación docente, esta es un fuerte predictor de los aprendizajes de sus alumnos. Mantenerla es muy importante para fortalecer la educación que entrega cada establecimiento a sus estudiantes.
Todo docente debiera mantener sus conocimientos actualizados y es por ello que tiene total sentido la obligatoriedad de una evaluación periódica que permita medir efectivamente los resultados y, en virtud de ello, establecer acciones remediales y de acompañamiento que le permitan mejorar en su labor, con el objeto de asegurar que cada estudiante del país cuente con un profesor que se encuentra en condiciones adecuadas de impartir una buena educación, pensando asimismo en la mejora continua del sistema educativo global.
La calidad de la educación debe tener la importancia que merece en el análisis legislativo que se aproxima.
