Por primera vez, más del 80% de quienes postularon a la Educación Superior quedaron seleccionados en algún programa de pregrado. Se trata de 150.494 nuevos accesos de personas que buscan transitar un camino de desarrollo profesional lleno de desafíos, pero sobre todo, de esperanza. Según las cifras, la mayor cantidad de seleccionados, respecto a los años anteriores, pertenecen a colegios públicos y particulares subvencionados, esto sumado a que las Instituciones de Educación Superior (principalmente universidades) han aumentado los cupos y abierto nuevos programas, profundiza una problemática ya conocida.
Si combinamos las variables: egresados de colegios públicos con mayor acceso a la educación superior y con programas de estudios profesionales nuevos (sin claridad del campo laboral, sin referencia de rentas ni proyección de ocupación en el tiempo). ¿No será que estamos jugando a un peligroso juego cuyos costos los van a pagar, una vez más, los jóvenes a quienes les estamos prometiendo un mejor futuro? O, ¿realmente se trata de que estamos nivelando la cancha y dando posibilidades de movilidad social y desarrollo a quienes antes no podían pensar en ingresar a la educación superior como mecanismo para transformar su vida?
El punto de partida de muchos es varios metros más adelante que los grupos provenientes de contextos donde hay menos oportunidades, de esos deciles donde no hay referentes en la educación superior, donde los accesos han sido por defecto limitados, donde la opción de cambio tiene costos altos, incluso porque salir de sus casas es un peligro del que tienen que cuidarse día a día y donde el sistema formativo que debiera haberles dado garantías mínimas para pensar en la continuidad de estudios en gran medida le ha fallado.
La inserción al sistema de la educación superior para quienes son primera generación supone preguntas para todos quienes les hemos prometido a los NNA que el desarrollo de una carrera profesional es un camino de éxito, no sólo porque las barreras de entrada están siendo cada vez más superables, lo que por sí mismo no debería ser un problema, sino porque hay que preparar el camino que cada joven deberá recorrer con mochilas cargadas de carencias y necesidades en muchos ámbitos de su vida. Entonces, ¿cómo estamos preparados no sólo para recibirlos si no que también para apoyarlos en el trayecto? ¿Con qué dispositivos contamos para asegurar su permanencia y un tránsito seguro hasta una titulación oportuna, en un camino lleno de turbulencias?¿Qué recursos económicos tenemos disponibles para ello? ¿Cómo frenamos la deserción y estimulamos la retención?, porque se requiere de inversión de horas profesionales para dar soporte, orientación, apoyo pedagógico y otras herramientas.
En Chile, cerca del 25% de quienes ingresan a la Educación Superior, deserta al primer año (SIES, 2023). Falta de orientación vocacional, bajo rendimiento académico, problemas en salud mental (con un importante crecimiento durante los últimos años y fuertemente agudizada luego de la pandemia), entorno familiar carente o frágil, dificultades económicas severas, sensación de inseguridad y la falta de referentes constituyen algunas de las razones. Es fundamental someter a debate los costos de la deserción y la frustración que significa ver truncado el sueño de convertirse en profesional. Los actuales dispositivos estatales no necesariamente van en la dirección correcta o resultan insuficientes a la hora de facilitar una correcta instalación en el sistema. Es probable que las IES comprendan de mejor manera esta problemática y estén implementando algunas acciones pero, con absoluta seguridad, muy insuficientes hasta ahora, cuando hay certeza que cerca de un 30% de jóvenes ha desertado en los últimos años y casi un 15% no ha regresado al sistema.
Entonces, ¿quién responde, si les prometimos un camino de salida de la pobreza, competencias, innovación y productividad; les dimos la opción y los abandonamos a mitad de camino? El Estado debe disponer de una política pública que evalúe el sistema en toda su magnitud. Necesitamos fortalecer y eficientar los recursos fiscales. Tenemos que hacernos cargo de proteger que el derecho a la gratuidad sea efectivo de principio a fin, poniendo al centro del debate los proyectos profesionales de miles de jóvenes que se juegan una sola chance.
