Comunes y corrientes

Víctor Inostroza es investigador Fundación Piensa.

El viernes pasado ocurrió un hecho grave que pasó casi desapercibido. Mientras los titulares se concentraban en la tercera Cuenta Pública del presidente Boric y en la formalización del ex candidato presidencial del Partido Comunista y actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, una noticia de gran relevancia se desvanecía en el silencio mediático. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ordenaba la disolución del partido Comunes, una de las formaciones nucleares del Frente Amplio y, por ende, del Gobierno.

Esta decisión, que debería haber sacudido el escenario político nacional, fue recibida con una indiferencia preocupante. ¿Qué significa esto para nuestra democracia y para el sistema político que, desde hace años, se tambalea en la desconfianza?

Comunes nació de la fusión de Poder Ciudadano e Izquierda Autónoma con la promesa de construir una “democracia radical, feminista y popular”. Se presentaron como los paladines de una nueva política, una que desterraría las prácticas corruptas y revitalizaría la participación ciudadana. Sin embargo, el reciente fallo del Tricel reveló que, en lugar de erradicar las malas prácticas, cayeron en ellas de manera aún más escandalosa.

La disolución del partido se fundamentó en la denuncia del Servel de infracciones graves y reiteradas a la normativa de financiamiento público de partidos políticos. Según el tribunal, Comunes “no está en condiciones de realizar un manejo institucional de los fondos que se les proporciona por el Estado para su funcionamiento y cumplimiento de sus fines”.

Los considerandos del fallo del Tricel son contundentes. El tribunal señaló que “con la poca información disponible no se conocían los verificadores entregados para justificar los gastos realizados por prestaciones de servicios”, y se evidenció un caos administrativo con “boletas duplicadas” y “facturas sin verificadores del servicio realizado”. En definitiva, el tribunal resolvió que el partido no está en condiciones de manejar institucionalmente los fondos estatales, lo cual justifica su disolución.

Esto no es solo un golpe para Comunes, sino un síntoma de una enfermedad más profunda en nuestro sistema político. El sistema de partidos hace agua hace tiempo. La última encuesta de opinión política de Fundación P!ensa realizada en 2023 es un balde de agua fría para aquellos que aún creemos en los partidos políticos como agentes de cambio positivo. Un 78% de los encuestados asocian a los partidos políticos con la corrupción y solo un 3,4% los asocia con probidad. Además, un desalentador 85% de las personas tiene poca o nada de confianza en el Congreso Nacional, siendo la peor institución evaluada.

Estas cifras no han mejorado desde 2015, cuando un 85% también asociaba a los partidos con la corrupción y solo un 2% los veía como probos. El Congreso no ha salido mejor parado, con un 81% de encuestados asociándolo con corrupción en ese año.

Sumando lo anterior, el fallo debería haber sido un llamado de atención ensordecedor, pero parece que ya ni siquiera sorprende que los autoproclamados adalides de la moral política terminen siendo igual de corruptos que aquellos a quienes querían reemplazar.

El manifiesto de Comunes, titulado “Horizonte común: una democracia radical, feminista y popular”, prometía una nueva era en la política chilena. Sin embargo, las promesas de “superar el neoliberalismo” y “luchar por nuestros derechos” se han desvanecido frente a la realidad de un manejo irresponsable de los fondos públicos y prácticas corruptas

Este es otro golpe para el Gobierno, que llegó al poder vanagloriándose de una superioridad moral que no terminó siendo tal, sino todo lo contrario. Es imperativo que aprendamos de estos fracasos. No podemos seguir depositando nuestra esperanza en salvadores de la política que, una y otra vez, demuestran estar hechos del mismo material que sus predecesores.