La semana pasada, un grupo transversal de senadores del PS, PPD, UDI, RN y Evópoli presentó formalmente una propuesta de reforma al sistema político. La iniciativa, anunciada hace meses, incluye medidas como el establecimiento de un umbral del 5% para obtener escaños en la Cámara de Diputados, redistritajes periódicos, la eliminación de listas exclusivamente independientes y nuevas normas de financiamiento para los partidos políticos. Aunque la necesidad de una reforma es indiscutible, ya sea esta u otra propuesta, su viabilidad enfrenta serios desafíos que van desde la fragmentación del Congreso hasta la desconfianza ciudadana.
Es difícil negar la urgencia de reformar el sistema político. En las elecciones de 2021, más de 20 partidos obtuvieron representación parlamentaria, complicando la formación de mayorías estables y convirtiendo al Congreso en un espacio desarticulado, con altos costos de negociación y una gobernabilidad frágil. Este diagnóstico es compartido ampliamente, desde el oficialismo hasta la oposición, incluyendo al presidente Boric. Sin embargo, reconocer el problema no equivale a solucionarlo. Antes, debemos hacernos dos preguntas: ¿la reforma resolverá los problemas que dice abordar? Y, segundo, ¿tiene viabilidad política o nació muerta por falta de votos? Sobre la primera se ha escrito mucho, enfoquémonos en la segunda.
Primero, la fragmentación extrema del Congreso, el principal problema que la reforma busca resolver, es también su mayor impedimento. En un Parlamento con más de dos decenas de partidos y numerosos independientes, lograr consensos es casi imposible. Esta dispersión multiplica los intereses en juego, complica las negociaciones y debilita cualquier intento de modificar el status quo.
Segundo, la fragmentación se traduce directamente en problemas de viabilidad política. En el Senado, los números son favorables: los partidos de los senadores firmantes suman 32 de los 50 votos, lo que supera cómodamente el quórum de 4/7 necesario para aprobar la reforma. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, donde la atomización de fuerzas es mayor, el panorama es mucho más complejo. Los partidos que respaldan el proyecto apenas reúnen, en el mejor de los casos, 70 de los 155 escaños, muy lejos de los 89 requeridos.
Tercero, las resistencias desde diversos sectores reflejan esta fragmentación. Desde la derecha, el Partido Republicano condiciona su apoyo a la reducción del número de parlamentarios. En el centro, los senadores del Partido Demócratas exigen legislar de manera permanente el voto obligatorio. En la izquierda, el Partido Comunista califica el umbral del 5% como antidemocrático, mientras partidos pequeños denuncian intentos de marginarlos, tildando el proyecto de excluyente, a pesar de que la reforma trae artículos permanentes y transitorios especialmente para que eso no ocurra.
Cuarto, el contexto electoral de 2025 agrava la situación. Con la renovación total de la Cámara, la mitad del Senado y el cargo de Presidente, los cálculos partidistas y electorales para formar alianzas desplazan las prioridades legislativas, reduciendo aún más las posibilidades de consenso.
Quinto, la falta de legitimidad de los partidos políticos es un obstáculo fundamental. Según la Encuesta de Opinión Política 2024 de Fundación P!ensa, un 78% de los habitantes de la Región de Valparaíso asocian a los partidos con corrupción, mientras que solo un 4% los perciben como probos. En este contexto, justificar una reforma que, en última instancia, fortalece a los partidos políticos con mayor votación no solo es difícil, sino que puede ser percibido por la ciudadanía como un intento de perpetuar un sistema ya desgastado.
Los problemas que intenta resolver —fragmentación, desconfianza y falta de estabilidad— son los mismos que dificultan su aprobación. Mientras tanto, la ciudadanía sigue viendo a los partidos políticos como parte del problema y no de la solución.
Con todo esto presente, avanzar en una reforma integral parece improbable, ya sea la que se propone u otra. Sin embargo, empezar con cambios concretos, como la disciplina parlamentaria o que la contabilidad de los partidos sea pública, puede sentar las bases para reformas mayores. El problema no es solo técnico, sino político: Los parlamentarios deben asumir su responsabilidad con la democracia, promoviendo los cambios necesarios en el sistema y dejando de usar su estructura actual como pretexto para justificar su ineficacia.
