El golpe se sintió. El denominado “Príncipe”, por sus propios correligionarios del Frente Amplio, renunciaba a seguir siendo el jefe de Asesores del Segundo Piso.
Para Boric la salida de Crispi es equivalente a una segunda salida de Giorgio Jackson; “el Príncipe” era parte de su círculo de hierro, un amigo personal y un hombre de su total confianza.
Pero su situación se hizo insostenible, luego de su última comparecencia ante la comisión de la Cámara.
Crispi tenía como jefe de Asesores del segundo piso el rol de prevenir y controlar las posibles crisis que pudieran afectar al Mandatario. No obstante, el propio sociólogo fue protagonista de algunas de las situaciones más graves que ha enfrentado el mandatario.
En su último rol, Crispi incumplió todas las reglas fundamentales de un buen jefe de asesoría presidencial: conservar un perfil bajo, nunca ser protagonista; blindar siempre al Presidente, evitando cualquier sobreexposición hacia él; y conservar un alto capital de credibilidad y prestigio que permita ser un interlocutor dentro y fuera de La Moneda a nombre de la Presidencia de la República.
Por el contrario, en prácticamente todas las crisis de este Gobierno, Crispi fue siempre más parte del problema que de la solución.
Luego de un tercer llamado, y la sanción de la Contraloría, el jefe del Segundo piso: Miguel Crispi Serrano, un hombre clave en las definiciones estratégicas, concurrió nervioso a la Comisión investigadora del Caso Convenios de la Cámara.
En esta oportunidad la conversación se centró en el caso Monsalve: Crispi se enfrentó con los diputados por negarse nuevamente a revelar qué recomendaciones le hizo a Boric, tras conocer la denuncia por violación contra el exsubsecretario.
Lo que contradecía un dictamen expreso de la Contralora General de la República, que había señalado que tenía que asistir; y que además debía contestar las preguntas.
Esa mañana Crispi asistió, nuevamente en compañía del jefe de gabinete del presidente, Carlos Durán, a una nueva sesión de la comisión especial investigadora del caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la que terminó de manera abrupta ante su negativa a responder las preguntas de los parlamentarios de la instancia de la Cámara de Diputados.
Pero el prontuario del jefe de Asesores no se agotaba en ese caso, sino que sumaba el caso de la compra de la Casa de la Familia Allende; que junto con su equipo enfrentó críticas por ignorar advertencias sobre los problemas legales y políticos de la adquisición.
Por otro lado, se sumaba el caso Democracia Viva, cuando omitió en una comisión una conservación con la diputada Pérez,- que sostuvo en Cerro Castillo- antes que estallara el caso en junio de 2023.
Por otro lado “el Príncipe”, tuvo que declarar como imputado por su rol en un convenio de $629 millones entre la gobernación de Antofagasta y la Fundación Procultura. Aunque validó el acuerdo, negó tener una relación personal o política con su director Alberto Larraín.
El ex Subsecretario de Desarrollo Regional visó millonarias transferencias a fundaciones de dudosa reputación que, luego sabríamos, tenían como propósito financiar gastos de operadores políticos que sin escrúpulos pretendían usar recursos destinados a gasto social para las personas más vulnerables con el propósito de montar maquinarias clientelares.
El Caso Monsalve, que fue la gota que rebalsó el vaso, Crispi fue incapaz de poner en acción un diseño estratégico desde la Presidencia de la República que permitiera enfrentar la crisis con claridad y decisión, desde el instante en que se conocieron los bochornosos y deplorables hechos de acoso y abuso sexual que terminaron por sepultar la consigna vacía del primer gobierno feminista de la historia de Chile.
