Tiempo atrás, el presidente Boric decidió encargar a una Comisión Presidencial la compleja tarea de encontrar una solución al conflicto en la Araucanía. Lo curioso —o más bien sorprendente— es que el informe recién presentado en La Moneda parece haber pasado por alto una de las lecciones más claras del proceso constitucional 2019-2023: el rechazo ciudadano a soluciones identitarias radicales como la plurinacionalidad. Al parecer, algunos aprendizajes toman más de un ciclo político para asentarse.
La invitación entonces es a hacer memoria. Recordemos que la fallida propuesta de la Convención apostó entonces por replicar el modelo constitucional de Bolivia y Ecuador, haciendo de la plurinacionalidad el eje del Estado, con implicancias en representación, financiamiento, fuentes del derecho, ausencia de resguardos democráticos claros, etc. Dicha visión fue ampliamente rechazada por la ciudadanía en el plebiscito de 2022.
Sorprende, por tanto, que la Comisión Presidencial retome algunos de los elementos esenciales de la plurinacionalidad, que sin decirlo abiertamente, son fiel reflejo de algunas de las normas de la propuesta constitucional rechazada.
El reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas y la apuesta por la interculturalidad son espejo de artículos claves del texto de la Convención (artículos 1, 5, 11, entre otros). Asimismo, la propuesta de representación indígena privilegiada en órganos político-representativo con facultad de obligar a todos los ciudadanos hace eco de la lógica identitaria antes rechazada a causa de anteponer la etnia por sobre las ideas, la capacidad técnica e, incluso, el bien común. En esta misma línea, es fundamental considerar que la sola apertura a distinciones identitarias tergiversa la voluntad popular socavando las bases de la democracia.
Por otro lado, resulta cuanto menos llamativo que la Comisión priorice el proyecto de ley del Consejo de Pueblos Indígenas puesto que, en la práctica, se traduce en la existencia de un Ministerio de Pueblos Indígenas. Esto sobre todo si consideramos el importante aumento de contrataciones de funcionarios públicos que ha tenido este gobierno y que, además, nuestro país ya se encuentra por sobre el promedio OCDE en cantidad de entidades ministeriales. Propuestas como la mencionada hacen eco de la ineludible tendencia percibida por todos los chilenos de burocratizar al extremo el aparato estatal.
Por último, la Comisión también sigue la plurinacionalidad de la Convención al asumir como presupuesto dogmático los derechos colectivos de pueblos indígenas, noción disputada, cuya incertidumbre hace desaconsejable en materia de la dogmática de derechos fundamentales. La insistencia en los derechos colectivos, en lugar de centrarse en derechos individuales y universales, puede llevar a una interpretación extensiva que no solo obstaculiza la libre circulación de los bienes, sino que también corre el riesgo de perpetuar divisiones basadas en la etnicidad. Persistir en este enfoque desoye la experiencia reciente del país y las dificultades que este modelo ha tenido en Bolivia y Ecuador.
En conclusión, el reciente informe de la Comisión Presidencial, más que proponer soluciones al conflicto en la Araucanía, parece ignorar las lecciones aprendidas del ciclo constitucional 2019-2023, especialmente en lo que respecta al rechazo ciudadano contundente a modelos de plurinacionalidad. Resulta crucial que las políticas y propuestas futuras se basen en una comprensión más integral y respetuosa de las necesidades y aspiraciones de todos los chilenos, evitando volver sobre los errores del pasado y promoviendo un diálogo constructivo que favorezca la cohesión social.
