El caso de la Fundación ProCultura ha puesto en el centro del debate algo más profundo que la eventual comisión de delitos: una forma de operar que, según se ha conocido en las últimas filtraciones, habría estado presente en diversas instancias de poder. No pretendo abordar aquí la complejidad judicial del caso, sino centrarme en un punto muy particular que emerge con fuerza de lo revelado: la manera en que Alberto Larraín, como otros antes, habría construido parte de su reputación pública a partir de una supuesta cercanía con el poder. Una fórmula que, más allá de este caso, lleva años normalizándose en Chile y que cruza los límites entre lo informal, lo inmoral y, a veces, lo ilegal.
Esa fórmula no es nueva. Desde los años 90, con el retorno a la democracia, surgió un tipo de personaje que no ostenta cargos públicos, pero se mueve en los márgenes del poder institucional como si los tuviera. Se hacen llamar asesores, conectores, orejeros. Publican fotos con presidentes, repiten anécdotas con ministros, filtran cercanías como si fueran credenciales. Y luego venden eso: vínculos.
Muchos disfrazan esa cercanía como si fuera parte del trabajo comunicacional. Algunos se presentan incluso como agencias de comunicaciones estratégicas, desvirtuando el verdadero sentido del trabajo profesional en este ámbito, cuando en realidad su negocio no es la estrategia ni la reputación, sino el acceso. Y esa confusión, alimentada durante décadas por empresas, medios, partidos políticos y autoridades, ha sido aceptada con demasiada ligereza.
La oferta es siempre la misma: resolver crisis por detrás, conseguir una entrevista en una llamada, evitar escándalos porque yo conozco a. Pero la realidad es más cruda. Esas soluciones suelen tener sólo dos desenlaces: o derivan en redes de favores e influencias indebidas, como las que hoy investiga la justicia en sus eventuales versiones más burdas, casos como Larraín o Hermosilla, o simplemente termina desmoronándose cuando la crisis estalla y los supuestos contactos, no responden. Y entonces se revela lo que siempre estuvo ahí, pero no se quiso ver: que no había plan, ni estrategia, ni respaldo profesional. Había una promesa vacía.
Chile debe regular estas prácticas. Es urgente fortalecer la Ley de Lobby, ampliar los mecanismos de fiscalización, y visibilizar que estas relaciones personales no pueden seguir siendo el centro de un modelo de negocios. No es lícito lucrar con vínculos de poder. No es serio construir una reputación en base a almuerzos, selfies y rumores.
Las autoridades también tienen un rol clave. Deben tener más prudencia respecto de con quién se vinculan, y ser conscientes de cómo su cercanía es usada públicamente para validar estas operaciones. Basta mirar medios y redes sociales para identificar a quienes lucran de ese modo. Basta oírlos hablar.
Y quienes contratan estos servicios también deben asumir su responsabilidad. Porque cuando llega la filtración, el mensaje grabado, o la frase yo hablé con el presidente, no solo queda expuesto el operador. También se arruina la reputación de quien lo contrató, y la de su empresa, arrastrada por haber confiado en alguien que, en el fondo, no tenía nada que ofrecer.
Por eso, el llamado es triple: A la clase política, para cortar el cordón umbilical con estos operadores. Al mundo privado, para dejar de comprar promesas que no son estrategias, sino riesgos. Y al Estado, para avanzar decididamente en la legislación y regulación de estas prácticas, fortaleciendo mecanismos como la Ley de Lobby y exigiendo mayor transparencia en las relaciones de poder.
El mundo de hoy exige una comunicación construida con narrativa clara, con la capacidad de leer el entorno y vincularse con él de manera honesta. Una estrategia real actúa con la transparencia necesaria para instalar puntos de vista pertinentes, en los espacios adecuados, en el momento justo.
Porque sólo así se reconstruye la confianza pública en las instituciones. Y porque si tu plan de crisis depende de un contacto, no tienes un plan. Tienes una ilusión.
