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Retrocesos en educación parvularia

En 2024 se recortaron los aportes por alumno para el funcionamiento de los distintos proveedores de educación parvularia que atienden al 60% más vulnerable del país, y el costo de equiparar el financiamiento entre ellos volvió a aumentar.

Como en la famosa frase de El Principito, lo esencial muchas veces pasa desapercibido. En la educación chilena, eso esencial —y a menudo invisible— es la etapa parvularia. No se ve en los titulares ni en las protestas, y, sin embargo, es allí donde se juega buena parte del futuro de los niños. Aunque la evidencia demuestra que cada peso invertido en esta etapa puede retornar hasta 17 veces su valor (Carneiro y otros, 2025), el sistema de financiamiento actual trata de manera desigual a quienes entregan este servicio fundamental.

En 2024 se recortaron los aportes por alumno para el funcionamiento de los distintos proveedores de educación parvularia que atienden al 60% más vulnerable del país, y el costo de equiparar el financiamiento entre ellos volvió a aumentar. Ese mismo año, los jardines infantiles JUNJI Vía Transferencia de Fondos (VTF) —que concentran la mayor parte de la matrícula en salas cuna y jardines infantiles— recibieron en promedio un 41,6% menos por alumno que los centros de Fundación Integra, y un 44,2% menos que los establecimientos administrados directamente por JUNJI. Esta diferencia no se explica por cobertura ni resultados, sino por una regulación específica: el Decreto N°67 de 2010, que condiciona el financiamiento a la asistencia promedio mensual, penalizando incluso a centros con mejores tasas de asistencia que otras modalidades.

El costo de nivelar el financiamiento en 2024 asciende a $242 mil millones, lo que representa un aumento del 3,5% respecto al año 2023. Aunque la cifra puede parecer elevada, equivale a un 22,5% menos que el aumento presupuestario destinado a la gratuidad en educación superior entre 2024 y 2025, y corresponde al 11,9% del total de recursos asignados a gratuidad en 2025.

Corregir esta brecha no requiere rediseñar el sistema desde cero, sino algo más básico: ajustar una normativa desactualizada, actualizar el valor de la subvención y dar coherencia a una política pública que ha sido fragmentada desde su origen. Porque cuando se trata de primera infancia, lo esencial no solo es invisible: también ha dado pie a inequidades entre alumnos que pertenecen al mismo nivel socioeconómico.

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