La Corte Suprema falló y la Fiscalía no le queda más que acatar: la interceptación del teléfono de la ex siquiatra del Presidente de la República, Josefina Huneeus, fue ilegal. Su defensa alega que, a pesar de la resolución, el daño es irreparable. Las conversaciones escuchadas y luego filtradas a la prensa son públicas y eso no puede revertirse. Ahora que la tormenta ya pasó, todo indica que la profesional prepara una artillería pesada para que los involucrados enfrenten su responsabilidad, con acciones legales contra fiscales y policías.
¿Qué queda tras el caso? Inquietud. Vimos a un fiscal (Patricio Cooper) empeñado en acceder a las conversaciones del presidente Boric y que para lograrlo fue capaz de buscar un atajo, después de que le negaran la interceptación directa. Esa es una hipótesis para explicar el acceso al teléfono de Josefina Huneeus. Preocupante, porque la fiscalía perjudicó a una ciudadana que, en lo formal, no tenía interés para la investigación.
Por otra parte, la sospecha de que pudo haber financiamiento ilegal de campañas políticas justifica una persecución dura, con el uso de medidas intrusivas. Y no sabemos si la indagatoria podrá avanzar en esa dirección, ya que la salida del fiscal Cooper del caso también puede ser leída como una forma de presión para no ir más allá. De hecho, hay quienes interpretan los dos votos de minoría de la Suprema como una forma de salvar al Ministerio Público del desastre total.
Inquietante es el hecho de que alguien pueda conseguir nuestro teléfono y escuchar nuestras conversaciones para luego incluirlas en una carpeta investigativa sin una razón de peso de fondo. Con la masiva práctica de las filtraciones, no hay antecedente -por reservado que sea- que esté del todo a salvo. Y si a eso sumamos la autorización irregular de un juzgado, el panorama se vuelve peor
En el caso de Josefina Huneeus, aún no hay claridad de dónde obtuvieron su número. Para más dudas, la Policía de Investigaciones ha entregado información errónea por lo menos dos veces en este caso. La primera vez con un informe de supuestos traspasos desde la cuenta corriente de Irina Karamanos a la de ProCultura, cuando en realidad eran rebotes del pago de su sueldo por el tope máximo de su cuenta RUT. Y en este caso, por haber continuado con las escuchas a pesar de que la voz evidentemente no era la de Alberto Larraín. Falta de profesionalismo y preparación básicas.
Como sea, y a pesar de la convicción con que Angel Valencia defiende el avance del caso ProCultura, queda la sensación de que la torpeza con que se actuó con el pinchazo famoso desvirtúa la prolijidad de una investigación que, por increíble que parezca, aún no tiene formalizados.
