Cristina Fernández de Kirchner fue, durante años, la gran arquitecta de la política argentina. Con una oratoria afilada, mirada desafiante y una capacidad única para conectar con las emociones populares, gobernó como pocos: dos veces presidenta, luego senadora y finalmente vicepresidenta. En su tiempo de gloria, supo articular un relato que combinaba justicia social, derechos humanos y soberanía nacional, erigiéndose como la heredera simbólica de Perón.
Su liderazgo fue absoluto. Supo domesticar al partido justicialista, desafiar al establishment económico, instalar su narrativa en los medios y transformar la Plaza de Mayo en un altar personal. Amada y detestada con la misma intensidad, CFK hizo del conflicto su hábitat natural. Donde otros buscaban consenso, ella cavaba trincheras. Mientras sus seguidores la veneraban como una madre protectora de los pobres (una segunda Evita en el corazón de algunos), sus detractores veían en ella la encarnación del autoritarismo, el populismo y la corrupción. Era, para ambos bandos, imposible de ignorar.
Es quizás por eso que este revés, no lo vio venir. En un fallo histórico, la Corte Suprema de Argentina confirmó su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, debido a la conocida “causa Vialidad”. Si bien su defensa insiste en que es víctima de una operación judicial orquestada por la oposición y los medios hegemónicos, el fallo representa un terremoto institucional de proporciones. Cristina no podrá volver a ocupar el sillón de Rivadavia, ni siquiera dirigir legalmente el Partido Justicialista. Es, literalmente, el fin de una época. El veredicto, sin embargo, no clausura el fenómeno kirchnerista, pero sí cambia las reglas del juego: ya no estará ella para liderar candidaturas ni ungir herederos con la autoridad de antaño.
La reacción no se hizo esperar. Sindicatos, organizaciones sociales y militantes salieron a las calles a protestar. La CGT llamó a la “libertad de acción” y se organizan marchas que intentan retratar esta condena como una proscripción. Una vez más, Cristina polariza. Para unos, es la última mártir de un sistema judicial colonizado por los poderes fácticos. Para otros, es apenas la confirmación de que el poder, finalmente, puede rendir cuentas. Su imagen, vestida de negro y escoltada por aplausos y pancartas, sigue siendo capaz de paralizar avenidas y dividir al país en dos mitades irreconciliables.
Lo más fascinante de este momento es que, incluso derrotada judicialmente, sigue marcando la agenda política. Su figura impone una doble pregunta al peronismo: ¿cómo reagruparse sin ella? ¿Y quién será capaz de encarnar su capital simbólico? Porque más allá de los números, los cargos o los partidos, lo que está en disputa es un relato. Cristina ya no podrá firmar decretos ni comandar bloques, pero puede seguir moldeando el clima emocional de sus bases. Puede, incluso, convertirse en una especie de mito viviente, una heroína del siglo XXI que siga orbitando la política desde el margen.
Y sin embargo, algo cambió. Ya no se trata solo de su capacidad de resistir. Por primera vez, el poder real parece habérsele escapado de las manos. La política argentina —y en especial el peronismo— quedó huérfana de su figura central. Las lealtades internas crujen, los herederos no se consolidan y la oposición celebra, sabiendo que la ausencia de Cristina redibuja el mapa electoral. Pero nadie puede cantar victoria todavía.
A veces, el poder no muere: se transforma. Lo cierto es que Cristina K. ya no es la mujer más poderosa de Argentina. Pero tampoco es solo una expresidenta condenada. Es, para bien o para mal, el personaje más determinante de la historia política reciente del país. Su caída judicial es monumental. La pregunta sigue abierta: ¿será también su final político? Si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es que siempre encuentra una manera de volver con ese poder camaleónico que parece rodearla. Aunque esta vez, por primera vez, la puerta —al menos— parece más cerrada.
