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Por qué Cristina Fernández no irá a la cárcel tras decisión de la Suprema

Con este fallo, la ex mandataria de 72 años también fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos en Argentina.

El martes 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena de seis años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos de la ex presidenta Cristina Fernández. Esto por considerarla culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Con este fallo, la máxima instancia de la justicia argentina ratificó la sentencia del tribunal ordinario de forma unánime, con los votos de los jueces Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La ex mandataria fue acusada por el delito de administración fraudulenta, al haber entregado 51 concesiones de obras públicas a un socio en la provincia de Santa Cruz, durante sus dos gobiernos: 2007-2015, denominada Causa Vialidad.

La decisión de la justicia llega luego de que postulara como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del próximo 7 de septiembre. Sin embargo, esto no podrá ser efectivo ya que quedó inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, por lo que no podrá estar inscrita en la lista electoral que debe presentarse el 19 de julio.

Cristina Fernández fue condenada a seis años de cárcel, pero su defensa buscará que cumpla esta condena en su domicilio. Para esto, debe presentarse ante la justicia dentro de los próximos cinco días hábiles. De no hacerlo, su incumplimiento llevará a que ordenen su detención por la fuerza pública.

La razón del recurso que se va a presentar para que cumpla su condena de prisión en su domicilio se encuentra en la legislación argentina, la cual establece que todos aquellos mayores de 70 años podrán contar con el beneficio de arresto domiciliario. Cristina Fernández cumplió 72 años el 19 de febrero.

Al agotar la última instancia para apelar la sentencia y que fuese ratificada por el máximo tribunal de la legislación argentina, la defensa de Fernández podría recurrir a tribunales internacionales. Para esto debe presentar dentro de seis meses una denuncia ante la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos.

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