No hay otra forma de calificar que no sea como una mentira lo que el Presidente Gabriel Boric le respondió al Congreso sobre su rol en la fallida millonaria compra, por parte del Estado, de la casa del ex Presidente Salvador Allende.
“No tuve conocimiento de potenciales inhabilidades constitucionales”, escribió Boric en el cuestionario que le mandaron desde la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
Una mentira a todas luces, seguramente sugerida por algún abogado o asesor astuto, como parte de una estrategia jurídico comunicacional, para evitar tener que admitir lo evidente: que la principal autoridad de la República vulneró abiertamente la Constitución y las leyes.
Todos sabemos que el Presidente no logró titularse y jurar como abogado y que fue un alumno de rendimiento promedio, pero también sabemos que debe tener un conocimiento de las leyes y el Derecho por sobre el común de los mortales. O que, al menos, habrá leído alguna vez el artículo 8 del Código Civil, que plantea que nadie podrá alegar desconocimiento de la ley una vez que haya entrado en vigencia
Todos sabemos, además, que el Presidente fue parlamentario por ocho años y todos sabemos también que estos asuntos, los relativos a las leyes, normas y reglamentos, se suelen conversar, debatir, analizar en el Parlamento. Porque si no es ahí, dónde.
Todos sabemos que la Constitución siempre ha sido un fetiche para el Presidente, una obsesión constante. Todos sabemos que desde hace largo ha querido cambiarla. Todos sabemos que fue un ferviente partidario de la primera propuesta de reforma que fue rechazada en septiembre de 2022.
Aunque todos sabemos eso, el Presidente ahora quiere convencernos que no sabía que un parlamentario y un ministro no pueden tener negocios con el Estado. Y no sólo porque se ve muy feo, sino porque la Constitución –incluso en la propuesta/mamarracho que él y su sector apoyó- lo prohíbe explícitamente.
Y más aún, el Presidente quiere convencernos que nadie de los, al menos, 15 funcionarios de Gobierno que revisaron el proceso de compraventa, advirtió lo evidente.
El Presidente también quiere convencernos de que su amiga, le jefa de la División Jurídico Legislativa del Ministerio General de la Presidencia, Francisca Moya, que admitió ante los propios diputados que ella sí estaba al tanto del incordio, tampoco le dijo nada.
Entonces, digamos las cosas como son. El Presidente sí sabía, sus equipos sí sabían y no está haciendo otra cosa que mentirle abierta y descaradamente a los legisladores y, de paso, a todos nosotros. Esa, y no otra, es la verdad.
Algunos argumentarán que al Presidente no le queda otra que mentir en este tema, porque si reconoce la verdad, estaría admitiendo que de forma consciente y deliberada vulneró la Constitución que juró respetar cuando asumió su cargo y las consecuencias de aquello tendrían alcances mucho más dañinos para nuestro sistema político que el fingir que todos le creemos su grosera mentira.
Así las cosas, ya lo saben los decenas de miles de funcionarios públicos que se fueron de vacaciones al extranjero pese a estar con licencia médica, sólo tienen que decir en su defensa que no sabían, que no “tuvieron conocimiento de potenciales” incumplimientos de la normativa vigente y listo, aclarado el malentendido. Fin al sumario.
Y usted también, si el día de mañana comete una falta, vulnera la ley o llega a protagonizar un delito, sólo diga que no tuvo conocimiento de que lo que hizo acarreaba alguna potencial prohibición, multa o castigo.
Y si no le creen, diga que está siguiendo el ejemplo presidencial.
