La licitación del seguro de salud para afiliados de Fonasa (Modalidad de Cobertura Complementaria o MCC) terminó en un estrepitoso fracaso. Ninguna aseguradora presentó ofertas. Para algunos, esto sería prueba irrefutable de que el mercado privado no está dispuesto a competir. Para otros, es imposible no pensar que, más que un simple traspié técnico, este resultado pudo ser -consciente o inconscientemente- inducido.
Todo indica que no hubo oferentes porque nadie quiso arriesgarse a perder ante un esquema con costos difíciles de estimar, listas de espera descontroladas en el sector público, y alto riesgo de selección adversa. Esto no es una interpretación antojadiza: la economista y hoy consejera del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, ya lo había advertido en noviembre de 2023 en el Senado, enumerando las razones técnicas que hacían previsible el desierto de la licitación. Desde la incertidumbre sobre el universo de afiliados y su tasa de uso, hasta la debilidad del marco normativo, la alta judicialización del sector salud y su incertidumbre regulatoria, y la amenaza de tratos directos en caso de nuevos fracasos.
Nada de esto fue corregido. El director de Fonasa, Camilo Cid, economista de la Universidad Arcis, insistió con bases de licitación con coberturas amplias, sin mecanismos reales para contener costos, ni precisiones sobre cómo Fonasa resolverá el acceso a prestadores privados en un sistema cuya judicialización es crónica. El resultado era perfectamente previsible.
Lo preocupante es que, detrás del supuesto fracaso, se abre la puerta a que, ante una nueva licitación frustrada, se concrete una contratación directa por parte de Fonasa. Es decir, el Estado pueda negociar de manera discrecional con los aseguradores de su preferencia, lo que el mercado se niega a asumir bajo condiciones ruinosas. Esto implica distintos riesgos de ineficiencia y opacidad. ¿Casualidad? Cuesta creerlo. Es la receta perfecta para sostener el relato de que “los privados no quieren participar” y justificar así la estatización del sistema de salud.
Y este episodio no puede verse de manera aislada. Hoy, la reforma de pensiones recién aprobada, incluye una figura similar: la licitación del “stock” de actuales cotizantes. Aquí también se podría correr el riesgo de diseñar bases tan rígidas, caras o poco atractivas, que disuadan a los privados de competir, dejando servida en bandeja la justificación para que sea un ente estatal quien administre esos fondos. O, incluso, para cuestionar el modelo de cuentas individuales en su conjunto.
La licitación es, en el papel, un mecanismo sano para introducir competencia y mejorar condiciones para los usuarios. Pero cuando se la manipula para producir un desierto de oferentes y así inducir el trato directo, se transforma en una herramienta política al servicio de la estatización. Una macabra puesta en escena, poniendo en juego la salud y las pensiones de los chilenos.
El fracaso de la licitación de la MCC en salud no es un episodio menor. Es, más bien, una advertencia. Si seguimos normalizando procesos diseñados para fracasar, mañana podremos encontrarnos con que, también en pensiones, la “única” opción disponible sea el Estado. Y el verdadero costo lo pagarán los chilenos, no solo en sus bolsillos, sino en su derecho a elegir.
