Mientras la agenda pública sigue absorbida por escándalos de corrupción y pugnas políticas, una cifra debería encender todas las alarmas: el desempleo en Chile alcanzó el 8,9% en el trimestre móvil marzo-mayo, el nivel más alto en cuatro años. Peor aún, en el caso de las mujeres la desocupación escaló al 10,1%, profundizando una brecha en las oportunidades laborales que pocos parecen dispuestos a abordar.
No estamos ante un simple indicador económico. Hoy Chile enfrenta un dilema profundo. No basta con crecer un 2% si ese crecimiento no se refleja en empleos formales y bien remunerados. Las últimas cifras evidencian un aumento de personas sin trabajo, y también un mercado laboral debilitado, donde la creación de empleos formales es insuficiente y crecen las ocupaciones de baja calidad, sin protección social ni estabilidad.
Pero mientras las personas pierden su empleo o se refugian en trabajos precarios, los rostros políticos responsables de muchas de las decisiones que hoy encarecen contratar en Chile están, curiosamente, en plena campaña para llegar a La Moneda.
Resulta legítimo preguntarse si quienes aspiran a liderar el país están dispuestos a hacerse cargo de los efectos que sus recientes políticas han generado en el mercado laboral. Porque las cifras no surgen de la nada: este Gobierno ha impulsado simultáneamente una serie de reformas laborales que, aunque puedan perseguir fines loables, han encarecido significativamente la contratación, precisamente en un momento de bajo crecimiento y escasa inversión.
Por ejemplo, la Ley de 40 horas y el aumento escalonado del sueldo mínimo, en medio de una productividad estancada, se han transformado en una carga difícil de absorber, sobre todo para sectores intensivos en mano de obra. Y la Ley Karin, si bien responde a la urgente necesidad de proteger ambientes laborales, ha introducido nuevas exigencias administrativas y riesgos legales que complican aún más el panorama para los empleadores, especialmente los más pequeños.
La teoría económica y las cifras del Banco Central son claras: estos saltos, sin mejoras equivalentes en productividad, derivan en menos empleo formal.
Lo relevante es que todas estas reformas fueron lideradas, en su paso por el Ministerio del Trabajo, por Jeannette Jara, hoy candidata presidencial del oficialismo. Si alguien aspira a gobernar Chile, lo mínimo es hacerse responsable de las consecuencias de su propia agenda legislativa. No basta con discursos sobre derechos si la realidad es que esas mismas leyes terminan cerrando puertas al empleo formal.
El desempleo no es solo un número frío en un boletín del INE. Es una amenaza social y política. Mientras sigamos impulsando reformas sin medir sus efectos acumulativos sobre la creación de empleo, corremos el riesgo de seguir agrandando la brecha entre el discurso político y la vida real de miles de chilenos. Necesitamos volver a poner la generación de empleo formal como una de las prioridades de la agenda pública. De lo contrario, la crisis social que tanto tememos podría estar incubándose, silenciosa, en estas cifras que por ahora pocos parecen querer mirar.
Por eso, más que promesas presidenciales, es momento de que quienes aspiran a liderar el país respondan con claridad: ¿están dispuestos a priorizar el trabajo formal y estable, aunque eso signifique revisar o enmendar las políticas que ellos mismos impulsaron?
