La noche del 24 de abril de 2023 marcó para siempre a Macul y a todos los municipios de Chile. Hugo Vega, inspector municipal, fue apuñalado cuando acudió a un procedimiento por violencia intrafamiliar. Murió cumpliendo su deber, desarmado, expuesto, con la única protección de su vocación de servicio. Su historia no es un hecho aislado: refleja una realidad que golpea a diario a quienes cuidan la seguridad de los vecinos; el riesgo de no volver a casa.
Hoy, en el Senado se discute la Ley de Seguridad Municipal, una iniciativa que ya ha avanzado de manera significativa: la Comisión de Seguridad Pública revisó 39 de un total de 53 indicaciones y espera despacharla próximamente. Se trata de un proyecto que crea la figura del Inspector de Seguridad Municipal con atribuciones claras y protecciones legales y físicas, y que busca reducir la enorme disparidad de recursos entre comunas. En la práctica, estas reformas permitirán que los inspectores apoyen el trabajo de Carabineros en situaciones como medidas cautelares, patrullajes preventivos, fiscalización del comercio ambulante e incluso procedimientos de violencia intrafamiliar, donde hoy existe un vacío evidente.
La pregunta, sin embargo, sigue siendo la misma: ¿con qué herramientas lo hacemos? ¿Cómo enfrentamos a un femicida que ataca a su pareja si no portamos ni siquiera gas pimienta? ¿Cómo apoyamos el rescate de un accidentado atrapado en su vehículo si no podemos disponer ni de un cortaplumas para cortar un cinturón de seguridad? El proyecto contempla chalecos antibalas, lentes de protección, bastones retráctiles, esposas y hasta la posibilidad de que, mediante decreto supremo, se autorice el uso de dispositivos eléctricos como pistolas Taser, previa capacitación rigurosa de dos años. Pero no basta con la norma: necesitamos que se traduzca en recursos efectivos y en un marco realista para todas las comunas.
No pedimos ser superpolicías ni disfrazarnos de G.I. Joe, pedimos sentido común. Si el OS-10 de Carabineros certifica hoy a guardias privados, ¿no podría también ser el garante de que funcionarios municipales que opten por portar armas no letales estén debidamente preparados? Y que, por normativa, cumplan protocolos estrictos que no se limiten a aprendizajes, sino que establezcan responsabilidades en caso de uso injustificado o abusivo.
Porque digámoslo sin rodeos: ningún municipio puede armar a todo su equipo de seguridad con pistolas eléctricas o gas pimienta. Por presupuesto, por necesidad y por realidad, es imposible. Y frivolizar este debate diciendo que queremos un ejército municipal es un error que raya en la irresponsabilidad. Lo que pedimos es capacidad de respuesta proporcional al riesgo que enfrentamos todos los días.
La muerte de Hugo Vega nos recordó que no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Por eso, bajo un convenio de colaboración, nos reunimos con los alcaldes de Macul, Eduardo Espinoza; con Matías Toledo de Puente Alto; Cristóbal Labra de San Joaquín; Jaime Escudero de Pirque y Roberto Pérez de San José de Maipo, y coincidimos en algo fundamental: sin armas no letales, no hay seguridad municipal posible que no revista riesgos adicionales.
En ese contexto, hemos buscado apoyos transversales en el Senado. El debate legislativo ha incorporado avances relevantes: la ampliación de hipótesis de flagrancia de delitos de 12 a 24 horas; la autorización para coordinar operativos intercomunales incluso sin proximidad territorial; la inclusión de sistemas de televigilancia con aplicaciones como Sosafe; y el agravamiento de penas contra quienes atenten contra inspectores. Todo esto apunta a una institucionalidad más fuerte y a inspectores más protegidos.
Pero no podemos ignorar la desigualdad entre municipios. Esta ley exigirá a todas las comunas costear seguros de vida para sus funcionarios, cuando en la práctica hay municipios que hoy no tienen cómo financiar siquiera un par de zapatos de seguridad para que patrullen. Otros carecen de lo mínimo: una camioneta que les permita cubrir sectores rurales o cordilleranos. En ese escenario, una ley de seguridad municipal solo tendrá sentido si establece un marco de desarrollo sólido, realista y aplicable a todas las comunas del país, con asignación de recursos que no dependa de la billetera local.
Por eso, no se trata de discursos grandilocuentes ni de aplausos fáciles. Se trata de empatía, de responsabilidad y de soluciones concretas. La seguridad municipal necesita un marco normativo a la altura del sacrificio de funcionarios como Hugo Vega y de la confianza de millones de vecinos que esperan que estemos ahí para protegerlos. Ese es el compromiso que asumimos y por el que seguiremos levantando la voz hasta que se nos escuche. No solo a los alcaldes, sino también a la ciudadanía que siente indefensión ante estadísticas que no hacen más que aumentar la sensación de inseguridad.
