Esta semana concluyó la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el próximo año. No es cualquier presupuesto: es el último de este gobierno y, paradójicamente, será ejecutado íntegramente por el próximo. Una especie de carta de despedida fiscal, escrita con tinta ideológica y pagada con el erario de todos. Y, como suele ocurrir con las despedidas, no estuvo exenta de polémica desde antes incluso de su presentación.
Las críticas iniciales y más evidentes, apuntaban en dos direcciones. Primero, a las proyecciones de ingresos y de gastos comprometidos, que muchos consideraron más optimistas que realistas. Segundo, a las prioridades de gasto, que mostraban un incremento llamativo en áreas más asociadas al proyecto político del Ejecutivo que a las urgencias cotidianas de los chilenos. El ejemplo más caricaturesco fue el aumento solicitado en la partida de Cultura, difícil de compatibilizar con un país donde seguridad, salud y educación llevan años exigiendo refuerzos urgentes. Algo así como insistir en redecorar la casa cuando el techo tiene goteras.
La tramitación, por cierto, no fue fácil. El Ejecutivo mostró un interés negociador más bien escaso, quizás porque la negociación les ofrecía pocos incentivos: ellos no administrarán el presupuesto, no enfrentarán sus costos y tampoco deberán justificar sus desvíos. Esa distancia se hizo evidente en la comisión mixta y luego en el primer trámite en la Cámara de Diputados, donde el ambiente estuvo más próximo a la desconfianza que al diálogo.
Sin embargo, algo cambió en el segundo trámite en el Senado. El gobierno se vio enfrentado a la posibilidad real y políticamente impresentable de que se rechazaran partidas tan sensibles como Salud y Educación. Fue recién entonces cuando comenzó a aparecer la disposición al acuerdo, esa que hasta entonces parecía extraviada. Y en ese proceso empezó a evidenciarse un fenómeno curioso: la oposición comenzó a obtener algunos triunfos concretos, mientras el gobierno acumulaba derrotas que no solo eran presupuestarias, sino profundamente ideológicas.
La oposición logró, entre otros avances, aumentar recursos para los Liceos Bicentenario, fortalecer la Contraloría y reforzar asignaciones relacionadas con seguridad. Por su parte, el gobierno terminó cediendo terreno donde menos quería: se vio obligado a reducir recursos en Cultura para financiar estos acuerdos y además enfrentó el rechazo de dos de sus banderas emblemáticas: la Fundación Salvador Allende y el PAIG.
Pero, pese a todos estos ajustes, hubo un punto en el que no se logró consenso: la base misma sobre la cual el presupuesto fue construido. La oposición insistió en que existían dudas razonables sobre los cálculos del Ejecutivo, mientras el gobierno no fue capaz de despejarlas. Y aquí radica el corazón del problema. Más allá de los tironeos en las partidas y las victorias simbólicas, el verdadero desafío está en determinar si este presupuesto fue elaborado con números sólidos o con exceso de creatividad técnica.
Este capítulo, sin embargo, no está cerrado. Será el primer Informe de Finanzas Públicas de la próxima administración el que determinará si las advertencias de la oposición tenían fundamento. Ya ha ocurrido antes: la Dirección de Presupuestos de este gobierno acumula un historial de cálculos errados que, lamentablemente, no son solo anécdotas técnicas, sino desajustes que luego pagan los chilenos en expectativas incumplidas y ajustes de emergencia.
Si ese primer Informe de Finanzas Públicas confirma nuevamente fallas en las proyecciones, quedará claro que este presupuesto fue un intento de instalar prioridades políticas con cargo al futuro y de maquillar las cifras fiscales para evadir responsabilidades en el presente. Y será entonces cuando se entienda que, más que un “presupuesto de despedida”, lo que el país recibió fue un presupuesto heredado con nota al pie: “correcciones pendientes”.
