Cada cierto tiempo, las políticas públicas cruzan un umbral silencioso pero decisivo. Eso es lo que ocurrirá el 1 de enero de 2026 con la educación pública chilena. No será un anuncio especialmente publicitado, pero sí un punto de no retorno en la consolidación de la Nueva Educación Pública como una política de Estado.
Ese día se incorporan 10 nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP): Marga Marga, Aconcagua, Los Andes y Petorca en la Región de Valparaíso; Los Parques y Santiago Centro en la Región Metropolitana; Tamarugal en Tarapacá; Los Álamos en el Maule; Puelche en Biobío; y Valle Diguillín en Ñuble. Con ello, comunas diversas y representativas —como Santiago, Quilpué, Villa Alemana, San Felipe, Linares, Chillán, Renca, Quinta Normal, Colbún o Alto Biobío— pasan a integrarse a un sistema nacional de educación pública, con estándares comunes y una conducción coordinada.
El paso de 2025 a 2026 es particularmente exigente. En un solo año se incorporan 46 nuevas comunas y cerca de 160 mil estudiantes, incluyendo territorios urbanos complejos, zonas rurales extensas y realidades sociales muy distintas entre sí. No se trata de un salto improvisado, sino del resultado de aprender de las dificultades y de asumir que una reforma de esta magnitud requiere tiempo, consistencia y responsabilidad estatal.
Conviene dimensionar este avance en su marco completo. Entre 2022 y 2026, el sistema pasa de 11 SLEP en régimen a 36 SLEP en funcionamiento, de un total de 70 servicios proyectados al año 2030. En términos simples, la Nueva Educación Pública avanza desde menos de un 16% de su despliegue final en 2022 a superar el 50% de implementación en 2026, cruzando así un umbral que la consolida y la hace irreversible.
En solo cuatro años, la educación administrada directamente por el Estado amplía su cobertura desde 41 a 169 comunas, gestiona más de tres mil establecimientos educacionales y jardines infantiles, atiende a 640 mil estudiantes y párvulos, y coordina el trabajo de 118 mil docentes, educadoras y asistentes de la educación. Es una expansión inédita en la historia reciente del país, realizada sin interrumpir el servicio educativo y con criterios técnicos que se han ido fortaleciendo con la experiencia.
Sin embargo, el tamaño del sistema no es lo más relevante. Lo central es cómo ha crecido y qué resultados comienza a mostrar. En los últimos años se observan mejoras incipientes en los aprendizajes, avances en asistencia y permanencia escolar y una mayor continuidad pedagógica tras la pandemia. Estos progresos están asociados al fortalecimiento de las Unidades de Apoyo Técnico-Pedagógico, al acompañamiento directo en los establecimientos y a una gestión que volvió a poner el foco en la sala de clases, la convivencia educativa y el desarrollo profesional docente y directivo.
También se han registrado avances concretos en infraestructura y gestión. Se superaron crisis iniciales en el pago de remuneraciones, se ordenaron procesos administrativos y se ejecutaron inversiones relevantes que mejoran condiciones básicas de funcionamiento en escuelas y jardines. A ello se suma una gestión financiera más trazable, con monitoreo anticipado, mayor control del gasto y coordinación permanente con otras instituciones del Estado.
Sería poco honesto afirmar que este proceso ha estado exento de problemas. Una reforma de esta magnitud ha enfrentado dificultades financieras, rigideces normativas, brechas de información heredadas, tensiones laborales y varias crisis. Hubo errores y aprendizajes forzados, como ocurre en cualquier sistema público que se construye desde cero. Pero justamente esas dificultades impulsaron cambios relevantes: se estandarizaron procesos, se anticiparon decisiones, se fortaleció la conducción del sistema y se instaló una lógica de evaluación y corrección permanente.
A partir del 1 de enero de 2026, la educación pública dejará definitivamente de ser una experiencia parcial para transformarse en una política de Estado en plena operación, administrando cerca de la mitad de la matrícula pública del país. El desafío ya no es si este modelo existe, sino si somos capaces de sostenerlo, mejorarlo y proyectarlo hacia 2030, manteniendo el foco en lo esencial: mejores aprendizajes, mayor equidad y una educación pública que vuelva a ser motivo de orgullo y confianza para las familias a lo largo de todo el país.
